Ocho policías acusados de participar de la represión que causó la muerte del docente Carlos Fuentealba, durante una protesta en Neuquén en 2007, serán sometidos a juicio oral, según lo dispuso el juez de Garantías Lucas Yancarelli, luego de un largo derrotero judicial de la causa conocida como Fuentealba II.
Sandra Rodríguez, viuda de Fuentealba, calificó la resolución del magistrado como un hecho «histórico en la Argentina» y reflexionó: «Por primera vez en 15 años pudimos llegar a acusar a los altos jefes policiales del operativo de la Policía de Neuquén, al mando y a las órdenes del exgobernador Jorge Omar Sobisch».
«Hoy escuchamos por primera vez la palabra operativo, 15 años peleando para que se reconozca la palabra operativo, un operativo de represión y muerte, murió Carlos pero muchos compañeros podían haber muerto ese día», expresó la mujer a la prensa.
El maestro Carlos Fuentealba murió por el impacto en la cabeza de una granada de gas lacrimógeno disparada por el cabo de la policía neuquina Darío Poblete, el 4 de abril de 2007, durante una manifestación del gremio docente en la ruta nacional 22, en cercanías del paraje Arroyito.
Por el hecho, Poblete fue condenado a prisión perpetua por ser responsable del delito de homicidio calificado con alevosía.
La resolución de hoy fue adoptada en otra causa que avanzó en paralelo, en la que el Ministerio Público Fiscal (MPF) investigó las responsabilidades de otros efectivos y jefes policiales durante el desarrollo del operativo del 2007.
La viuda de Fuentealba declaró que «los altos jefes policiales coordinaron y ejecutaron todo lo posible para que se produjera el asesinato de Carlos» y advirtió que durante la protesta no hubo corte de ruta, por lo tanto «no hubo delito».
El Ministerio Público Fiscal (MPF) informó que con la acusación a cargo del fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y de la querella, representada por los abogados Ricardo Mendaña y Marcelo Medrano, la causa Fuentealba II pasó a etapa de a juicio luego de tres jornadas de audiencia.
La instancia que se alcanzó hoy tuvo un largo derrotero previo, a partir de que en el 2009 el fiscal Alfredo Velasco Copello pidió el sobreseimiento de todos los acusados, a excepción de Benito Matus, a quien acusó por dos hechos.
Sin embargo, ese juicio nunca se concretó y, por extinción de la acción penal, todos los acusados fueron sobreseídos.
Diez años más tarde, en 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó retomar la investigación y, con la causa adecuada al nuevo Código Procesal Penal, que entró en vigencia el 14 de enero de 2014, fijó las pautas para llevar adelante el procedimiento.
Durante la audiencia que concluyó el martes pasado, el fiscal jefe Breide Obeid acusó a Matus por abuso de armas y lesiones leves, mientras que la querella particular acusó también a Carlos Zalazar, Moisés y Adolfo Soto, Jorge Bernabé Garrido y Mario Rinzafri por abuso de autoridad y encubrimiento, y a Aquiles González y Julio Lincoleo por encubrimiento agravado.
La defensa de los policías, como a lo largo de todo el proceso, durante la última jornada insistió en pedir el sobreseimiento de todos los imputados.
Finalmente, tras escuchar a las partes, el juez de garantías Lucas Yancarelli rechazó los planteos de la defensa y determinó el inicio de la instancia de juicio oral para todos los imputados.
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