El ministerio de Gobierno solicitó a la Justicia boliviana la detención del exjefe de la Fuerza Aérea, Jorge Terceros Lara, y del exjefe de la Policía Vladimir Yuri Calderón por “tráfico ilegal de armas”, que tiene una pena de hasta 30 años de prisión. Se trata de las dos fuerzas que recibieron las 70 mil municiones de parte de la gestión macrista. También piden que se le requiera información a la Argentina.
El gobierno de Luis Arce le solicitó a la Justicia de su país la detención del exjefe de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, y del exjefe de la Policía local Vladimir Yuri Calderón, por “tráfico ilegal de armas” con la Argentina, un delito que tiene una pena de hasta 30 años de prisión. Se trata de los jefes de las dos fuerzas que recibieron las 70 mil municiones de parte de la gestión macrista en pleno derrocamiento de Evo Morales. En el escrito que presentaron los abogados del ministerio de Gobierno de Bolivia, al que accedió El Destape, se remarca que los golpistas “recurrieron mediante una articulación transnacional regional al estilo de las dictaduras de los 70 y 80 del ‘Plan Cóndor’ al tráfico ilegal de armamento”. En ese marco se pidió a la Justicia que se le requiera información a la Argentina, donde también avanza una investigación por el envío ilegal de armas, en noviembre de 2019.
En un escrito fechado el 21 de marzo, abogados del Ministerio de Gobierno que conduce Carlos Eduardo del Castillo Carpio le solicitaron a la fiscal Magaly Bustamente Herbas que impute Terceros Lara y a Yuri Calderón por “el delito de tráfico ilegal de armas”. De acuerdo a la documentación hallada en Bolivia y en la Argentina ambos fueron quienes gestionaron las 70 mil balas antitumulto y más de 500 granadas que envió el gobierno de Macri entre el 12 y el 13 de noviembre de 2019 para apoyar al régimen de Jeanine Áñez. Las municiones viajaron camufladas con un grupo de elite de la Gendarmería que fue a proteger la embajada argentina en el país vecino.
El envío de armas se pudo revelar luego del hallazgo de una nota de agradecimiento dirigida al entonces embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, firmada por Terceros Lara el 13 de noviembre de 2019. Allí, el entonces Comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana agradece “la colaboración prestada a esta institución armada, en el marco del apoyo internacional entre nuestros países, debido a la situación conflictiva que vive Bolivia”. Terceros Lara detalló allí que recibió por parte del gobierno argentino 40.000 cartuchos AT12/70, gases lacrimógenos y distintos tipos de granadas. Con ese documento, que Terceros Lara intentó presentar como falso pero se demostró que no lo era, comenzó la búsqueda de información sobre este episodio. Las pruebas se multiplicaron al poco tiempo.
En julio del año pasado se hallaron en depósitos de la Policía Boliviana –que estaba cargo de Calderón- 26.900 balas antitumulto argentinas. A la par, se encontró en esa fuerza de seguridad un “Inventario de agentes químicos en depósito” fechado el 13 de noviembre de 2019 en La Paz, el mismo día que llegó el armamento argentino en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina. En el inventario se detalla que se almacenaron aquel día en la Policía local distintas municiones entre las que se destacan 26.900 cartuchos con perdigón de goma 12/70. De acuerdo al informe policial estaban embalados en caja de fábrica y cerrados. También había distintos tipos de granadas y gas aerosol. En los cartuchos anti tumulto se puede ver la leyenda “Fabricaciones Militares”. A esto se suma el relato de los policías bolivianos que recibieron el material en el Aeropuerto el 13 de noviembre que dan cuenta de que recibieron una orden telefónica de Calderón para participar del operativo.
Entre otras cosas, en la denuncia se hace referencia a la carta de Alberto Fernández en la que pide disculpas al gobierno boliviano y a su pueblo.
Para los denunciantes existió “un plan perfectamente articulado y sincronizado” entre el gobierno de Macri y los golpistas bolivianos. Entre otras cosas, se enumera que el 11 de noviembre de 2019, el embajador argentino Álvarez García pidió la autorización al gobierno boliviano para el ingreso del avión argentino con el sello de “muy urgente” pero esa habilitación “tiene sello de recepción de ventanilla única del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia ‘Cancillería’ el 15 de noviembre de 2019”, es decir, dos días después de que arribara la aeronave. “¿Cómo obtuvieron al alegada autorización legal?”, se preguntan desde el gobierno de Arce. Además, el ingreso de armas de fuego, municiones y explosivos a Bolivia debe tener una autorización especial que no existió.
