Un grupo de 16 personas de nacionalidad boliviana que eran sometidas a condiciones de trabajo esclavo en una quinta dedicada a la producción hortícola, en La Plata, fueron rescatadas ayer, en tanto un hombre de la misma nacionalidad fue imputado en una causa por «explotación laboral y reducción a la servidumbre».
El procedimiento realizado por el personal de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado tuvo lugar en la zona de las calles 232, entre 38 y 44, en la localidad platense de Etcheverry.
Allí, se constató que cinco hombres, cuatro mujeres y siete niños eran «forzados a trabajar en el cultivo de vegetales, además de ser sometidos a maltratos físicos y psicológicos» y sin la posibilidad de una «escolarización adecuada», indicaron.
El procedimiento se realizó tras una denuncia realizada por María Soledad Elichabe, Directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución Ante el Trabajo Infantil y Adolescente del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, donde alertaba sobre «una presunta situación de explotación laboral infantil» llevada adelante por el propietario del establecimiento hortícola de esta localidad platense.
Fuentes policiales confirmaron que por el caso fue detenido Cimar Muñoz Tarija, de 33 años, también de nacionalidad boliviana y domiciliado en La Plata, quien explotaba laboralmente a las víctimas.
Según se informó, se comprobó que el imputado explotaba a nueve personas mayores de edad y a cuatro menores, quienes eran obligadas a realizar tareas agrícolas en pésimas condiciones de higiene y salubridad, exponiéndolos a trabajar en en situaciones riesgosas, sin elementos de seguridad ni ropa adecuada, como tampoco agua potable.
En cuanto a los menores, se acreditó que eran forzados a desempeñar tareas de cultivos y se los privaría de una escolarización adecuada.
Además, las victimas vivían en precarias viviendas de madera y nylon, con pisos de tierra que «se hallaban en pésimas condiciones de higiene y salubridad» en su lugar de trabajo, identificado como «Quinta Muñoz», y «emplazado en un predio de aproximadamente cuatro hectáreas y media de superficie»,
Al respecto, desde la cartera laboral bonaerense se precisó que todas las víctimas fueron incluidas en el Programa de Rescate a Victimas de Trata.
«Las Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti) de la provincia de Buenos Aires, asistió a los niños y adolescentes en conjunto con el ministerio de las Mujeres, Políticas de Género, y Diversidad Sexual, en tanto el Organismo de Niñez y Adolescencia denunció penalmente esta situación», según informó a través de su cuenta de Twitter la ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec,
En el caso, calificado como «explotación laboral y reducción a la servidumbre», interviene la Dra María Cecilia Corfield, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1, y Pablo Reale, del Juzgado de Garantías N° 3.
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