#HOY INFO SABADO 2 DE ABRIL
El ministerio de Trabajo bonaerense ya multó a dos administraciones de Countrys por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar. La ministra Mara Ruiz Malec dio detalles y argumentos de los casos que marcan una: «Estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo. No hay mayor justicia social que esa».
Tal como adelantamos ayer en InfoGremiales, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que conduce Mara Ruiz Malec, multó en $ 2.438.321 a la administración de dos countrys por obstruir la labor de inspección y negarse a presentar la documentación respecto del ingreso de las trabajadoras de casas particulares en el lugar.
Los elevados niveles de informalidad y las vulneraciones a derechos laborales en esta actividad habilitan la intervención del Ministerio de Trabajo en ejercicio de su poder de policía lo que lo faculta -según el artículo 7 de la Ley 25.212-, a requerir toda información necesaria que le permita cumplir con su función de contralor.
Según el informe “Trabajadoras de Casas Particulares” elaborado por el Observatorio de Empleo de la Subsecretaría de Empleo realizado en febrero 2022, a partir de las bases de datos de la EPH-INDEC en Argentina del tercer trimestre de 2021, el 99% de las personas las que se desempeñan como trabajadores de casas particulares son mujeres y más del 76% lo hace en la informalidad, alejadas de toda cobertura social y laboral.
El ingreso promedio de las trabajadoras de casa particulares está por debajo del salario mínimo vital y móvil ya que cubren aproximadamente el 20% de la canasta básica total y alrededor del 50% de la canasta básica alimentaria. “Estas trabajadoras son de unos de los sectores más vulnerables, ya que la mitad de ellas viven en hogares que se encuentran debajo de la línea de la pobreza. Pese a que tienen trabajo, son pobres. Garantizar su cobertura en la seguridad social y el ejercicio de todos sus derechos es prioridad de este gobierno”, aseguró Mara Ruiz Malec.
Además, la Ministra dijo “los montos por los cuales se las registran son poco significativos para muchos que las contratan, hablamos de $3.000 pesos por mes en los casos más caros. No hay excusa para no registrarlas, es una obligación y además existen muchas facilidades. El sueldo y el aporte se pueden descontar de ganancias, y el Estado le da parte del sueldo de la trabajadora, entre otros beneficios. Estamos yendo a los segmentos de mayor poder adquisitivo para proteger a los de menor poder adquisitivo. No hay mayor justicia social que esa».
INFOGREMIALES
