Javier Moral, abogado de los camioneros presos por liderar una protesta en San Nicolás, aseguró que con la avanzada judicial «no vienen por Hugo y Pablo Moyano, vienen por el movimiento obrero y la quita de los derechos laborales».
La Cámara de Apelaciones de San Nicolás confirmó esta semana las prisiones preventivas y revocó las domiciliarias otorgadas a Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, dirigentes del Sindicato de Camioneros denunciados por encabezar una protesta contra despidos. Javier Moral, abogado defensor de los imputados, aseguró que hay una intención de «criminalizar el derecho a huelga».
En declaraciones Radio Gráfica, Moral aseguró que la denuncia en contra de los representantes gremiales se produce por una supuesta extorsión a los dueños de la empresa y turbado la posesión, «lo cual es absolutamente falso porque estaban protestando del lado de afuera».
Y agregó que «la pena que pide la fiscalía es de 20 años de cárcel».
Asimismo, se mostró preocupado por la posibilidad de que el avance de esta causa pueda «cambiar el paradigma» de como se califica judicialmente a una medida de fuerza.
«Cuando allanaron la sede central del gremio, me hago presente en la fiscalía de San Nicolás y un empleado me muestra, creo que por error, un legajito, contenido dentro de cuatro cuerpos de expedientes que nunca habíamos visto antes, en el cual aparecen escuchas ilegales entre el abogado y los imputados», recordó Moral.
Esta información fue recopilada por la defensa y enviada a la Comisión bicameral de fiscalización de organismos y actividades de inteligencia. Su presidente, el diputado Leopoldo Moreau, pidió entonces explicaciones a la jueza María Eugenia Maiztegui, quien pidió licencia por un pico de presión, lo que derivó en que Ramón Parodi tome la causa.
Según explicó Moral, «el mismo juez Parodi, cuando otorgó el arresto domiciliario, también resolvió que se debía investigar lo sucedido con el expediente, porque entendía que hubo irregularidades».
«Cuando advertimos esta situación en conferencia de prensa con Hugo y Pabo Moyano, la respuesta judicial fue pedir la prisión preventiva de personas que estuvieron año y medio en total libertad», subrayó el abogado defensor de Cabaleyro y Espíndola.
Y precisó en declaraciones al mismo medio: «Acá hablan de bloqueos en vez de reclamos. En vez de un reclamo judicial, hablan de extorsión. Siempre es el caso inverso. Los sindicalistas siempre tienen un principio de culpabilidad».
En ese sentido, afirmó que esta causa es parte de «un plan sistemático para decir ‘cuidado con lo que vas a hacer porque lo que te espera la cárcel en caso de que luches por tus derechos’».
«Quieren criminalizar el derecho a huelga. No vienen por Hugo y Pablo, vienen por el movimiento obrero y la quita de los derechos laborales», concluyó Moral.
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