El abogado defensor de la Vicepresidenta afirmó además que la acusación tenía “certificado de defunción” y por ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan “limpiar todo” en base a llamados de otro acusado, José López. Además, cuestionó la “doble vara” de la fiscalía respecto a las visitas recibidas por distintas presidencias.
Causa Vialidad: Beraldi sostiene que fiscales hicieron “intento desesperado” por mantener acusación
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió este martes que la fiscalía hizo un “intento desesperado” por sostener una acusación que tiene “certificado de defunción” al tiempo que afirmó además que la Presidencia de la Nación no tiene entre sus competencias el control de la obra pública provincial.
En su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en la llamada causa Vialidad, el defensor de la Vicepresidenta sostuvo que el llamado operativo “limpiar todo” postulado por la fiscalía en su acusación “no existió”.
Con este tema comenzó la exposición pasadas las 9 y luego se abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, tramo en el cual el defensor remarcó que la expresidenta no tenía “competencia” para ejercer controles porque Argentina es un país “federal” y se trata de un tema de jurisdicción provincial.
“UNA CONSTANTE DE MUCHOS MAGISTRADOS QUE HAN INTERVENIDO EN ESTE PROCESO”
Durante su alegato, Beraldi cuestionó la “doble vara” de la fiscalía en la causa Vialidad para evaluar los hechos y su llegada a “límites inconmensurables”, al poner como ejemplo las visitas a la quinta de Olivos durante las distintas presidencias.
Beraldi recordó que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola consideraron indicio de delito las visitas de integrantes de la familia de empresarios Eskenazi a la quinta de Olivos durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner.
Las visitas a la residencia presidencial durante el mandato de Mauricio Macri “han sido una constante de muchos magistrados que han intervenido en este proceso en forma directa. No hace falta que los nombre”, dijo al respecto y se preguntó: “¿De esto pretenden sacar estos mismos fiscales un indicio de complicidad delictiva?”.
“Es una cuestión tan clara y evidente que todos lo comprendemos y sabemos que esto no puede ser sostenido de ninguna manera” porque llevaría “la doble vara a límites inconmensurables”, añadió el abogado.
La defensa recordó al respecto “las visitas de los jueces y fiscales que intervienen en esta causa a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada, al Ministerio de Seguridad y a la Agencia Federal de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri, al igual que las actividades deportivas que realizaron en la quinta Los Abrojos”.
Todo ello fue objeto de recusaciones que hasta el momento no prosperaron.
Sobre el bautizado operativo “limpiar todo” por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Beraldi lo atribuyó a un “intento desesperado” para mantener la acusación que tiene “certificado de defunción”, para lo cual se falseó prueba y se introdujo una “acusación calumniosa” en base al peritaje del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López
La Vicepresidenta “no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas”, sostuvo Beraldi
El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.
Los fiscales hicieron “un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio”, analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como “limpiar todo” en su alegato final.
En base a estos mensajes de López, “más de 26.000” de los cuales los fiscales “usaron cuatro o cinco” se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.
Beraldi demostró la nula participación del Poder Ejecutivo en la adjudicación de obras viales
“Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros”, enumeró sobre esa acusación fiscal.
Esto “iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata”.
Beraldi remarcó que la ex Presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como “voy a ir a ver a la señora”.
“El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un Secretario de Estado con un Presidente es algo rutinario”, evaluó
Además, desmintió una supuesta reunión de la ex Presidenta con Lázaro Báez el 30 de noviembre de 2015, a la que hizo referencia la fiscalía en su alegato.
Beraldi sostuvo que esto fue “falso” y que ese día en la hora en la cual se la ubicó con Báez estuvo en Rio Negro en un acto oficial, cuyo video exhibió en la audiencia.
LA DEFENSA RECORDÓ QUE HUBO SOBRESEIMIENTOS POR LOS DELITOS QUE AHORA SE JUZGAN
En el marco de la segunda jornada de alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández, Beraldi sostuvo que no hay normas que impongan a la Presidencia de la Nación el control de adjudicación de obra pública y recordó que la exmandataria fue sobreseída por inexistencia de delito en causas ya cerradas por sus vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez.
“No hay ninguna norma que imponga a la Presidenta o Presidente el deber de controlar procesos de adjudicación. Acá no existe ninguna norma, no hay deber de actuar”, remarcó el abogado Carlos Beraldi en un tramo de su alegato.
Por ello “una imputación construida de esa manera es absolutamente incorrecta e ilegal. Es imposible que el Presidente ejerza el control de una licitación y lo que va pasando después, es imposible”, remarcó.
Beraldi sostuvo que se debe “descartar cualquier tipo de responsabilidad por acción u omisión” de la Vicepresidenta.
Pero además recordó que tanto ella como el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron sobreseídos por inexistencia de delito en causas penales que investigaron hechos similares.
Se trata de jueces y fiscales que entre 2008 y 2015 no hicieron “lo que en esos años les pedía algún poder político” pero “las cosas después cambiaron y no cambiaron para bien”, advirtió al remarcar el “nivel grotesco” de lo ocurrido.
Por otro lado, y en cuanto a las “relaciones comerciales” con el empresario Lázaro Báez, la defensa entendió que fueron “legales, legítimas y están sobreseídas”, al repasar las diferentes causas judiciales abiertas desde 2008.
Con el foco puesto en las acusaciones por lo ocurrido en Santa Cruz, Beraldi advirtió también una “gravedad institucional inédita” en la postura fiscal porque “se acusó a todo un gobierno provincial, se lo convirtió en un vehículo para cometer delitos”.
Breve cuarto intermedio
Tras un breve cuarto intermedio, la defensa inició un nuevo tramo del alegato dedicado a las supuestas irregularidades advertidas en Santa Cruz con relación al direccionamiento de obra pública a favor de empresas del también acusado Lázaro Báez, como “Austral Construcciones”
“No existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de ningún Presidente, basta ver la estructura del Estado y la distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal“, advirtió el abogado
En términos jurídicos “no existe ninguna posibilidad de vincularlo”, agregó.
Como en otros tramos del alegato exhibió a través de la plataforma Zoom en la audiencia virtual, partes de declaraciones de testigos y también de la indagatoria de la Vicepresidenta.
En ese sentido, la ex Presidenta declaró en el juicio que “hay estamentos”.
“Yo no designo al Administrador de Vialidad provincial, este es un país federal. De qué estamos hablando?”, se preguntó en ese momento.
La defensa exhibió también parte de la declaración como testigo del presidente Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete.
“Esas obras las licitan las provincias, todo es muy lejano al Presidente, son cuestiones ya casi provinciales”, declaró.
El viernes, el turno de Cristina
Para el viernes, la Vicepresidenta tiene previsto hablar ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en uso de su derecho a ejercer su propia defensa por su profesión de abogada, algo que hará también de manera virtual.
La expresidenta enfrenta un pedido de condena a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos por parte de los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola, como supuesta “jefa” de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Este lunes, su defensa cuestionó con dureza a la Fiscalíade la causa “Vialidad”; afirmó que incurrió en “mala praxis” para sostener una “fantasía” y aseveró que la acusación quedó “fulminada” ante las pruebas obtenidas en casi tres años de juicio oral.
En tanto, a través de Twitter, la Vicepresidenta consideró en el inicio de los alegatos quedó probado “en forma documentada” que los fiscales Luciani y Mola “mintieron descaradamente”.
Asimismo, invitó a “seguir mirando” la segunda jornada de alegato que presentan este martes sus abogados, donde “continúa con la demolición de la escandalosa acusación” de los fiscales.
