Desde Ginebra, el secretario de Derechos Humanos desmiente que haya habido pedidos del organismo internacional por la independencia judicial y defiende la estrategia de exponer que la persecución política sigue vigente en los tribunales argentinos.
Argentina volvió a patear el tablero. Ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, denunció que los tribunales argentinos persiguen a dirigentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o Milagro Sala. La oposición denunció que era una maniobra para avanzar contra la Corte Suprema, a días de que se comiencen a discutir los pedidos de juicio político contra sus integrantes, y de búsqueda de impunidad. En simultáneo, se difundió que la ONU había pedido resguardar la independencia judicial, cuando no hubo pronunciamiento alguno del organismo.
Desde Ginebra, Pietragalla Corti atiende a Página/12 con el poco caudal de voz que le queda después de una serie de jornadas agitadas, impredecibles para un Examen Periódico Universal (EPU) que suele ser una instancia importante pero alejada de los titulares de diarios.
–¿Qué balance hace de la presentación ante Naciones Unidas?
–Argentina no es un país más cuando habla en materia de derechos humanos. Se nos presta mucha atención. Cuando tomaron la palabra los países para hacer sus recomendaciones, hubo una masiva felicitación por el cambio que tuvo Argentina desde 2017 hasta ahora. Esto fue no solo por la intervención que hicimos ahora sino por el informe escrito que presentamos a finales de octubre del año pasado.
–¿A qué le atribuye la versión difundida en distintos medios de que existió un pedido para garantizar la independencia judicial?
–Están buscando el pelo al huevo. Citaron una recomendación de un país vecino como Chile que, en sintonía con lo que nosotros denunciamos del lawfare y de lo que está pasando con el Poder Judicial, manifestó que instaban a que siguiéramos trabajando para la independencia del Poder Judicial.
–¿No hubo siquiera algún tipo de sugerencia, aunque sea informal, por parte de Naciones Unidas sobre el tema judicial?
–No. Claramente Naciones Unidas no se manifiesta en este tipo de eventos. Es un EPU. Se hace cada cuatro años. Los Estados después hacen devoluciones y ahora hay un equipo de tres países –Bolivia, China y Gabón– que está recaudando toda la información de todos los comentarios y el viernes nos va a dar un informe. Nosotros después tendremos tres meses para responder a esas devoluciones. Naciones Unidas no se manifiesta en este tipo de actos como tal. Es un error conceptual pero claramente esto tiene que ver con deslegitimar la visibilización que hicimos del lawfare en la región.
–Después de la reacción que existió, ¿sigue reivindicando la estrategia de hablar de lawfare en el país en un fuero internacional?
–Obvio. Si algo destaca a la Argentina es que no esconde sus problemas. Cuando decimos que está en riesgo la democracia es porque la única herramienta de poder y de construcción ciudadana es el voto; el pueblo y los ciudadanos eligen un proyecto político que quieren que cuando llegue al gobierno ejecute las políticas que prometió en campaña, pero con un Poder Judicial como éste no se puede ejecutar lo que la gran mayoría votó en esas elecciones. Están interviniendo sobre el poder político y está en peligro el juego democrático. A esto hay que sumarle la persecución a dirigentes que representan a esos sectores postergados de la sociedad y la disputa en la distribución de la riqueza en nuestro continente. Por eso Lula estuvo preso y hoy es presidente. Éste es el ejemplo más claro de que el lawfare existe.
–Usted dijo que la persecución política está vigente por vía judicial, ¿se lo puede tomar como un mea culpa de lo que el Frente de Todos no pudo hacer en materia de reformas?
— No lo veo tan así en este escenario. Cristina lo ha manifestado muchas veces: el poder que tiene el poder político, quien es elegido por el pueblo, es relativo; el poder está en otro lado, en la economía concentrada, en los sectores empresariales, en la corporación judicial y en los sectores de la oposición que representan esto. En un escenario de desgaste como el que tuvimos –con una pandemia y con una deuda externa heredada–, esto fue muy complejo. No justifico que no se hayan tomado decisiones en un inicio que podrían haber generado un cambio estructural más fuerte.
–¿Se puede entender lo que usted planteó en Naciones Unidas como una acusación contra el país –como dijo Juntos por el Cambio– o debe entenderse como un reconocimiento?
–Desde que asumimos nos hemos sentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hemos dicho: “Sí, somos responsables de situaciones”. Nosotros no tenemos problema en reconocer las violaciones que puede cometer el Estado argentino. Creo que ese reconocimiento es lo que nos ayuda a reparar para adelante y cambiar las instituciones y las legislaciones para que esos hechos no se vuelvan a cometer. En este caso, es en esa sintonía. Actuamos en consecuencia con lo atípico que está viviendo el país, como, por ejemplo, la condena a Cristina.
–El diario La Nación publicó que Cancillería no avalaba la estrategia frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ¿existió esa tensión, lo habló con el Presidente?
–Santiago Cafiero declaró que esto está avalado por Cancillería. Obvio que esto estaba consensuado con el Presidente. Es más, él me pidió modificaciones para clarificar lo que significa la persecución a Cristina. Él estaba de acuerdo con que visibilicemos lo que está sufriendo nuestra democracia a partir del lawfare y, a la vez, también aclarando que el pedido de juicio político a la Corte es una herramienta constitucional que tiene el Estado. No sé si vamos a poder llegar al juicio político pero, por lo menos, se van a poner las cartas sobre la mesa y mostrarle a la sociedad la aberración que está llevando adelante el Poder Judicial. No me sorprende lo de Clarín y La Nación en este marco, y lo defensivos que son de esta Corte Suprema, porque son parte de la misma mesa.
—Elisa Carrió acusó al gobierno de actuar enceguecido por la búsqueda de impunidad y adelantó que hará presentaciones ante Naciones Unidas. ¿Qué le responde?
–Impunidad es haber endeudado el país con un crédito ilegal e histórico– por el monto– y que con ese dinero que entró al país no se haya construido ni una sola escuela, ni un puente. Se usó para una campaña política y para la timba financiera. Nosotros lo único que queremos es demostrar qué está sucediendo en la región.
–¿Cómo fue la experiencia de hablar como funcionario ante el Consejo de Derechos Humanos y, al mismo tiempo, ser uno de los nietos encontrados por Abuelas de Plaza de Mayo?
–Me enorgullece haber contado las políticas que se hacen en la Argentina contra la violencia institucional o cómo se fortalece la política de Memoria, Verdad y Justicia, esas convicciones que tenemos y que aprendimos de cada una de las Madres y de las Abuelas. A ellas las citamos siempre y mostramos por qué estamos orgullosos de la política de derechos humanos que llevamos adelante. Pero llegar a un EPU con el tema en las tapas de los diarios, con esta supuesta indignación que no se indignan por nada, genera incomodidad. Les molesta que los Estados sepan del lawfare, que ayer eran los golpes de Estado y hoy son las intervenciones –a través del Poder Judicial– de los procesos democráticos.
fuente; página 12
