El organismo que dirige Ricardo Nissen señala que no hay constancias en actas ni balances que den cuenta de que la firma se dedique a la actividad agropecuaria y que la finalidad real no es producir o prestar bienes y servicios sino disfrazar el patrimonio del magnate británico en la Patagonia. La nueva presentación judicial afirma que el viaje de jueces, funcionarios y empresarios confirma las anomalías.
La Inspección General de Justicia (IGJ) volvió a pedir la intervención judicial con miras a la nulidad de la empresa “Hidden Lake SA”, del magnate Joe Lewis, a la que considera una “pantalla” o “sociedad ficticia”, propietaria de unas 12000 hectáreas de campo dentro de las cuales está el Lago Escondido al que sigue vedado el acceso público pese a las disposiciones judiciales. La firma supuestamente se dedica a la actividad agropecuaria, pero de eso no hay constancias en actas ni balances, donde en realidad aparecen pérdidas. El organismo que dirige Ricardo Nissen plantea que la finalidad real no es producir o prestar bienes y servicios sino disfrazar el patrimonio de Lewis en la Patagonia. La nueva presentación judicial señala que el viaje para disfrutar de sus instalaciones de un grupo de jueces, funcionarios y empresarios confirma las anomalías. “La actividad turística constituye un acto notoriamente extraño al objeto social de dicha sociedad”, señala la presentación.
El pedido de intervención fue presentado ante el juzgado comercial 26, a cargo de Diego Paz Saravia. El año pasado el magistrado rechazó los planteos de la IGJ, que ahora introduce hechos novedosos a raíz del chárter político-judicial-mediático a la suntuosa estancia de Lewis. Por lo pronto, para justificar su presencia en el lugar, después de que este diario revelara la existencia de ese viaje, en la causa judicial que se abrió en Bariloche (ante la sospecha de delitos de dádivas, cohecho, tráfico de influencias, falsedad de documento, entre otros) se presentaron facturas como si cada quien se hubiera pagado lo suyo. Los jueces y funcionarios no pueden recibir invitaciones de privados y, en este caso, la sospechas apuntan a una posible dádiva que involucra a Lewis y al grupo Clarín. El hecho es que la Inspección de Justicia requirió documentación a “Hidden Lake” para que explique si hubo cambio de accionistas y entregue actas asamblearias que den cuenta de su actividad.
“Nunca la sociedad Hidden Lake SA se dedicó al objeto hotelero, turístico o a la enseñanza o la práctica de pesca –-con o sin mosca–“, señaló la IGJ. Incluía una alusión irónica a los chats donde los jueces y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, entre otros, aparecían inventando excusas, como la pesca con mosca (pese a no ser la época) para explicar qué habían ido a hacer a Lago Escondido. El organismo da cuenta de que la sociedad de Lewis dio una respuesta deficiente a su requerimiento de información: faltan el contenido de actas de directorio y las presentadas no refieren a operaciones; no consta la aprobación de los estados contables de 2020, por ejemplo; Hidden Lake asegura que no hizo cambios de accionistas y que no tiene vinculación comercial con el grupo Clarín. Como representante legal firma Nicolás Van Ditmar, que no es abogado. Fue quien recibió al contingente judicial.
La IGJ insiste en que hay anomalías de origen en la sociedad de Lewis, que nunca fue tal sino que es solo titular de bienes del multimillonario. Nunca dio cuenta de reales actividades agropecuarias. Las actas de directorio de distintas épocas no dan cuenta de ninguna actividad. Tuvo su capital accionario a nombre de sociedades off shore no declaradas aquí, la administración no estuvo en manos directores sino de terceros (algo prohibido por la ley de sociedades). El propio Lewis absorbió gastos (algo que tampoco está permitido) con sus sociedades ficticias en Bahamas, nunca informó de su participación en otras sociedades existentes. Arrojaba pérdidas en el 90 por ciento de sus ejercicios, nadie reclamaba nada, y por escrito decía que se sostenía con aportes de accionistas y de terceros. Nadie percibió dividendos. Su sede está en la Ciudad de Buenos Aires, a 1500 kilómetros de distancia. Todo el despliegue de Lewis y las anomalía señaladas implican, dice la IGJ, un “inadmisible agravio al concepto mismo de soberanía nacional que no puede perdurar en el tiempo”.
FUENTE: PAGINA 12
