La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju), Marieta Urueña Russo, sostuvo que la obra social de los trabajadores del Poder Judicial está «mal manejada» por la Corte Suprema y lamentó que desde la Cámara Federal porteña se intente apartar al gremio de la querellas que mantiene en las causas que se siguen por denuncias de irregularidades en esa prestadora.
«Los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, nos quieren excluir como querellantes. Desde Sitraju nos presentamos como querellantes en las dos causas que investigan las irregularidades que existen en nuestra obra social que está mal manejada», explicó Urueña Russo en declaraciones formuladas a Radio 10.
Asimismo, la gremialista sostuvo que desde su organización están convencidos que los trabajadores «deben tener participación» para poder «defender los derechos de sus afiliados» en las investigaciones que están en curso.
Las irregularidades en la obra social de Judiciales es una de las causales del juicio político que se sigue en una comisión de la Cámara de Diputados a los integrantes Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Se trata de un expediente iniciado por una denuncia que presentaron los legisladores Eduardo Valdés y Rosa Martínez contra los ministros del máximo tribunal, y está basada en auditorias en las cuales se constatan irregularidades contables y deficiencias en las prestaciones de los servicios.
«Estamos hablando de una obra social que funciona muy mal y que es manejada por la Corte Suprema, no por el sindicato. Vamos a seguir intentando impulsar la causa. Estamos en desacuerdo con el archivo de la causa que ordenó el fiscal (federal Carlos) Stornelli», señaló Urueña Russo.
La dirigente gremial explicó que la obra social de judiciales es manejada directamente por la Corte Suprema de Justicia, y remarcó que los trabajadores del sector «tienen buenos ingresos», por lo tanto la falta de prestadores no se debería «a una pobre recaudación» por parte de la prestadora.
«La obra social no está está en ‘default’; está siendo mal manejada y hay que investigar qué es lo que pasa. Los trabajadores judiciales no tienen servicios y en muchas provincias las prestaciones funcionan pésimo. Estamos siendo testigos de cómo están destruyendo un servicio de salud», remarcó.
Finalmente, Urueña Russo aseguró que, desde su gremio, tienen la intención de «poder participar» del proceso de remoción a la Corte que se lleva a cabo en la Comisión de Juicio Político de la cámara baja para dar cuenta de las irregularidades que existen en la obra social del Poder Judicial.
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