La defensa del operador judicial macrista asegura que hay otro recurso sobre el que la Justicia uruguaya todavía debe expedirse y volvió a remarcar que el prófugo es un “perseguido político”.
El operador judicial macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay desde 2020, sigue improvisando maniobras dilatorias para esquivar su extradición a Argentina. La semana pasada, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró “inadmisible” el recurso de Casación interpuesto por el exasesor de Mauricio Macri para que se habilite su solicitud de refugio político. Sin embargo, su abogado asegura que no todo está perdido, ya que en diciembre pasado presentó una segunda solicitud de refugio que aún está en trámite.
“Todavía hay una segunda solicitud de refugio en trámite y el proceso penal queda detenido, por lo que estamos igual que ayer”, sostuvo Jorge Díaz, abogado de Rodríguez Simón. Según explicó el letrado, el año pasado, tras haber presentado el recurso que ahora rechazó la Corte Suprema uruguaya, “aparecieron hechos nuevos que prueban claramente la persecución política sufrida por mi cliente”.
Entre esos “nuevos hechos” Díaz mencionó las “manifestaciones de la vicepresidenta en dos presentaciones públicas, una luego del lamentable atentado contra su vida y otra que hizo el día que recibió condena”, con “menciones acusatorias” hacia Rodríguez Simón.
El abogado de Pepín también nombró, como disparador de la nueva solicitud, “el inicio de juicio político contra la Corte Suprema argentina, donde Rodríguez Simón aparece mencionado varias veces”, algo que, a su entender, “marca la naturaleza política de la persecución”.
Frente a estos hechos, continuó el letrado, “el 7 de diciembre presentamos una segunda solicitud de refugio, que es posterior al fallo de Apelaciones, y que todavía está en trámite”.
Según entiende la defensa, el próximo paso debería ser que la Comisión de Refugiados cite al exoperador macrista “para escuchar y considerar” su solicitud, un proceso que le permitirá a “Pepín” Rodríguez Simón seguir ganando tiempo en el país vecino para eludir a la justicia argentina.
La situación de “Pepín” Rodríguez Simón
El ex asesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde fines de 2020. Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo de 2021, luego de que Rodríguez Simón anunciara su nuevo destino y su decisión de no presentarse a la indagatoria en la causa que investiga “la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo habrían importado casos de corrupción”, según surge de la imputación.
Servini fundamentó la rebeldía en que “Pepín” dio “sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor” y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
El 25 de mayo de 2021, la justicia oriental recibió el exhorto de la jueza argentina solicitando la inmediata detención y extradición de “Pepín”, quien al día siguiente constituyó domicilio en Uruguay y comunicó que había iniciado el trámite ante la Comisión de Refugiados (CORE) con el objetivo de ser considerado un “refugiado político”. Con esa maniobra logró suspender el proceso de extradición, aunque a cambio se le ordenó entregar los pasaportes en su poder, con lo cual se vería impedido de esconderse –al menos legalmente– en otro país, y se dispuso el “cierre de fronteras” para quien ya tenía emitida un alerta roja de Interpol.
El 3 de agosto de aquel año, después de escuchar a Rodríguez Simón, la CORE concluyó que el temor de ser un “perseguido político” no tenía fundamentos y que no cumplía con los requerimientos para ser reconocido como refugiado pues en la Argentina cuenta con todas las garantías del debido proceso.
El 23 de diciembre de 2021, en base a ese informe, la jueza penal Adriana Chamsarián dispuso “no hacer lugar a la solicitud de refugio”, decisión que confirmó el 17 de junio de 2022 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Montevideo. “Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada –que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente– no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”, sostuvieron los jueces. Esa es la decisión que apeló la activa defensa del operador macrista y que la semana pasada rechazó el máximo tribunal oriental.
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