La Corte Suprema de Justicia le aceptó la renuncia al titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN), el médico Aldo Tonón, cuya actuación venía siendo cuestionada por los gremios y los afiliados por irregularidades y falencias en la atención. «La obra social no está está en ‘default’; está siendo mal manejada y hay que investigar qué es lo que pasa», habían cuestionado desde el Sitraju.
Mediante la resolución 511/2023, los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación oficializaron una situación que se venía registrando desde prácticamente principios de mes.
La Resolución estableció en su parte dispositiva «aceptar, con efectos a partir del 9 de marzo del corriente año», la dimisión presentada por Aldo Tonón, un hombre muy cercano al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda.
La Corte aclaró que la aceptación de la renuncia está «condicionada al resultado de las actuaciones administrativas y judiciales en trámite» y, además, le hizo saber a Tonón que «dispone de 30 días hábiles a partir de la fecha de cese en las funciones para dar efectivo cumplimiento a la obligación de presentar su Declaración Jurada Patrimonial».
La aceptación de la renuncia fue adoptada –explica el documento- «teniendo en cuenta la opinión vertida por la Dirección Jurídica General».
Tonón fue sobreseído en una causa judicial por las presuntas irregularidades, pero los cuestionamientos a su actuación persistieron y se convirtieron en una de las causales invocadas por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para promover el proceso de destitución de los cuatro jueces del alto tribunal.
Uno de los ex secretarios de la Corte, Christian Abritta – probablemente el funcionario que mejor conoció los entresijos del máximo tribunal-, declaró ante la Comisión que le había recomendado a Tonón conformar un cuerpo de asesoramiento jurídico en la obra social ante la «alta litigiosidad» que se venía registrando.
«La obra social no está está en ‘default’; está siendo mal manejada y hay que investigar qué es lo que pasa. Los trabajadores judiciales no tienen servicios y en muchas provincias las prestaciones funcionan pésimo. Estamos siendo testigos de cómo están destruyendo un servicio de salud», había cuestionado Marieta Urueña Russo, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju).
fuente:infogremiales
