En su dictamen, el fiscal consideró que Gonzalo Mórtola conocía que el proceso de contratación que llevó adelante era ilegal y que tuvo la manifiesta intención de burlar el reglamento de compras y contrataciones de la Administración General de Puertos.
El ex interventor de la Administración General de Puertos Buenos Aires, Gonzalo Mórtola, sumó un nuevo revés judicial en la causa que lo investiga por haber contratado en forma directa a una empresa sin experiencia para realizar el pliego de licitación del Puerto Buenos Aires por un millón de dólares. El fiscal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral al ex funcionario macrista, dando por probadas “en esta instancia del proceso” las acusaciones en su contra.
En su dictamen, el fiscal consideró probado –basado en el informe irregular que se presentó- que Mórtola conocía que el proceso de contratación que llevó adelante era ilegal y que tuvo la manifiesta intención de burlar el reglamento de compras y contrataciones de la Administración General de Puertos, donde era Interventor.
Dónde caerá la causa
Tras el fallo de la Sala 1 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, a cargo de los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi, que en marzo confirmó el procesamiento, ahora se sorteará cuando y quién llevará adelante la instancia del juicio oral. Se trata de una denuncia que se presentó en el 2018, tras la decisión de Mórtola de contratar sin licitación ni competencia –mediante la resolución 129/2016- a una empresa extranjera para realizar la redacción de los pliegos para licitar el futuro del Puerto de Buenos Aires.
La causa recayó en el juzgado del Juez Federal, Marcelo Martínez de Giorgi, quien procesó a Mórtola en septiembre del año pasado. El reglamento de contrataciones de la AGP establecía que dicho procedimiento –por el monto- requería de una licitación.
Sin embargo, basado en una “urgencia” que nunca se explicó y en lo que Mórtola consideró una capacidad que ninguna otra empresa tenía en el País, cosa que se comprobo en el proceso que no era real, se avanzó en la resolución. Para cubrir la ilegalidad, contrató a dos asesores que presentaron un informe justificando la experiencia de la empresa como base para la contratación directa. Para los camaristas, ese escrito –de apenas dos carillas- “contiene generalidades como por ejemplo ”todos conocen en el ambiente la probada capacidad de la firma”, pero sin argumentos concretos”.
Basado en eso, Mórtola avanzó pese a los cuestionamientos de los profesionales de la AGP, la SIGEN y el propio Ministerio de Transporte -que era su Organismo superior-, lo que motivo que no fuese aprobado su balance. Los tres camaristas y Martínez de Giorgi destacaron que no podía desconocer que estaba incurriendo en una ilegalidad.
