El juez federal Diego Matteucci ordenó el desalojo de los cortes de ruta que las comunidades de los pueblos originarios mantienen en la zona de la Quebrada y la Puna. El piquete central está en la localidad de Purmamarca, sobre la llamada ruta del litio. La orden dispone la misma medida para las localidades del Libertador (Ledesma) y San Pedro. El sábado la protesta en Purmamarca ya había sido desalojada, pero los pobladores volvieron a interrumpir el tránsito en el estratégico cruce de la ruta nacional 9 y la 52.
En las comunidades inicialmente se opusieron a la reforma de la Constitución provincial porque sus artículos abrían una puerta a los desalojos expeditivos de quienes no contaran con un título de propiedad. “Somos cerca de 400 comunidades indígenas, y sólo el 12 por ciento con títulos de propiedad comunitarios. En ocho años de gobierno, Gerardo Morales no dio un solo título de propiedad”, dijo desde Purmamarca Armando Quispe, referente del pueblo kolla.
El gobernador, sin embargo, anunció el lunes su decisión de dar marcha atrás con esos artículos cuestionados, pero la medida no alcanzó para convencer a las comunidades de levantar los cortes. Al ratificar su protesta, los referentes dijeron que no habían sido consultados sobre el contenido de la reforma constitucional y se mostraron preocupados por el tono general que tiene la nueva Constitución, en el sentido de que maximiza la defensa de la propiedad privada. Horas después de que ratificaran la permanencia en las rutas, llegó la orden judicial.
Néstor Jérez, cacique del pueblo Ocloya, dijo a Página/12 que en la comunidades hay mucha desconfianza porque el gobernador Morales mostró en su mensaje del lunes pasado unas actas de acuerdo, que consideran que fueron conseguidas “con engaños”.
“Tal vez tenga algunas comunidades de su lado, que puede manejar, pero son pocas”, explicó Jérez. Agregó que impugnarán las actas ante la Justicia, aunque como se ve, en ese camino tienen pocas chances de obtener un aval. Por eso las comunidades originarias preparan una nueva movilización o Malón de la Paz, con la intención de llegar a la Ciudad de Buenos Aires.
Al igual que en San Salvador de Jujuy, en los cortes de rutas se da una confluencia de distintos sectores sociales: las comunidades de los pueblos originarios son acompañadas por docentes, trabajadores estatales y pobladores de las localidades.
La orden del juez Matteucci da lugar a un pedido del fiscal Carlos Colonesse y “autoriza” a la Gendarmería Nacional y la Policía de Jujuy a “asegurar la libre circulación”, aunque indicando que esto sea realizado “con el debido resguardo del derecho a la protesta”.
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