Son vehículos que pertenecen a empresarios proveedores del Estado. El martes a la tarde fueron vistas en la ciudad de San Salvador avanzando por las calles con policías y grupos de Infantería que realizaron detenciones sin orden judicial.
Dos organismos del sistema interamericano de justicia y decenas de organizaciones de derechos denunciaron los métodos ilegales de represión utilizados por el gobierno de Gerardo Morales para sofocar la pueblada que no abandona las calles y rutas provinciales desde hace semanas, entre ellos el uso de vehículos particulares para el traslado de personas secuestradas y detenidas de manera irregular.
Como una amarga rémora de las noches del Apagón en julio de 1976 en Libertador General San Martín y Calilegua, el martes por toda la capital provincial circularon camionetas, algunas incluso sin patente pero todas sin el logo oficial policial, que pudieron ser registradas por las cámaras de la prensa y de particulares. “¡Cómo van a entrar así, tengo hijos, quién paga esta puerta, esto no va a quedar así!”, gritaba una mujer del barrio Mariano Moreno. Así como habían entrado de prepo, los cabezas de tortuga se dieron cuenta que un vecino filmaba y tomaba el número de la patente, y se retiraron.
En esa zona y en Alto Gorriti siguió la cacería barrio por barrio para arrestar a cualquiera que les pareciera sospechoso como albañiles que esperaban el colectivo para volver a sus casas, cerca de donde golpearon al niño del espectro autista. Pero estas camionetas sin identificación que pertenecen a empresa privadas fueron vistas por toda la capital provincial, tanto con policías como con grupos de Infantería a bordo, para realizar detenciones sin orden judicial alguna.
Las imágenes captaron una Toyota Hilux patente AA982GP, registrada a nombre de Marcelo Zarif, titular de la empresa constructora Hormixa, que fue adjudicataria de obras públicas del gobierno de Morales. Desde 2002 la firma construyó barrios, carreteras, escuelas, y se presentó a varias licitaciones convocadas por el gobierno de Morales. El 31 de mayo último se le adjudicó la construcción de cuatro edificios escolares por un total de 320 millones de pesos, de acuerdo con la documentación pública del Ministerio de Educación de Jujuy.
La camioneta blanca con patente AE970EN que también circuló el día de la jura de la nueva Constitución y la posterior represión, pertenece a la empresa Jumi SRL, propiedad del empresario Raúl Ulloa, una suerte de Julio Grondona del fútbol del noroeste, expresidente del club Gimnasia y Esgrima de Jujuy. En 2008 increpó adentro de la cancha, cuando ese equipo aún estaba en primera división, al árbitro y aunque pidió disculpas tuvo que renunciar. Quiso ser presidente de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) en 2015 y en 2022 hizo una UTE con el grupo Roggio para rehabilitar el tren turístico Volcán-Tilcara. Actualmente, Jumi se dedica a las construcciones viales y civiles, y lleva realizadas mas de 70 viviendas en Alto Comedero por 578 millones, y otras tantas viviendas en Palpalá por una cifra similar.
Otro de los vehículos detectados fue una Renault Alaskan patente AF377ZI, que pertenece a la empresa Sidera SRL, que hace desarrollos inmobiliarios y obras públicas. Hace un año, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y Sidera SRL firmaron un Convenio Urbanístico de Reforma Urbana que “intervendrá una propiedad del barrio Los Perales, adquirida por dicha empresa con un desarrollo que revalorizará el sector mediante una importante obra que restaurará una vieja casona histórica que será destinada a un Museo Municipal, y una serie de obras complementarias en calles aledañas”, según información de la propia firma.
Una Toyota HILUX AE841QN que se encuentra registrada a nombre de Toyota Compañía Financiera de Arg. S.A. también fue parte del desfile de vehículos privados a servicio de la represión del estado provincial jujeño.
También transportaron detenidos en una Ford Ranger DC 4×4 con dominio AC671KA, que corresponde a la empresa constructora Paredes SRL. La firma está a nombre de Jorge Antonio Paredes, quien a su vez tiene en sociedad con su hijo Ariel Gustavo Paredes la empresa Paredes Minería e Industria. Quiso la paradoja que Paredes hijo haya recibido subsidios por sus locales gastronómicos otorgados por Morales a los comerciantes que estaban situados en el área conocida como Paseo de la Bandera donde estaban los acampes de la organización Tupac Amaru entre diciembre de 2015 y enero de 2016. Paredes padre figura desde 2014 en los registros oficiales al frente de obras para la construcción de mil viviendas en Calilegua, en una iniciativa de la corporación Ingenio Ledesma.
“Relaté lo que nos contó Hugo Condorí sobre lo que le dijo mi padre en la cárcel de Villa Gorriti, que el 24 de marzo de 1976 cuando fueron a buscarlo en la camioneta del ingenio Ledesma la persona que manejaba era Juan de la Cruz Kairuz”, dijo Ricardo Arédez cuando declaró como testigo en la causa por la desaparición de su padre, el médico y exintendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez. Kairuz era policía, se desempeñaba como técnico del club Atlético Ledesma de Jujuy y era empleado de la empresa de los Blaquier. Aquella camioneta era blanca y tenía el isologo del ingenio.
