La vicepresidenta puso el foco en la necesidad de legislar sobre las prácticas y discursos negacionistas. El actual ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, compartió en sus redes un proyecto presentado en su época de diputado junto a otros legisladores de extracción sindical sobre el tema. Desde el regreso de la democracia, nuestro país no ha conseguido acordar y aprobar leyes en ese sentido, mientras la derecha siembra dudas sobre hechos investigados y reconocidos a nivel mundial.
A 40 años del fin de la última dictadura militar, Argentina celebra 40 años de democracia. Sin embargo, los discursos negacionistas crecen de la mano de la extrema derecha y se amplifican gracias a la habilidad que ostentan en las redes sociales, con llegada especial entre los más jóvenes que no vivieron el horror de la violencia política.
Ayer, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteó la necesidad de que la Argentina cuente con una ley «contra el negacionismo» de los crímenes de la última dictadura cívico militar y pidió no olvidar el pasado «para aprender y sacar las mejores cosas». Lo afirmó al participar junto al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, del acto de recuperación del avión Skyvan PA-51, que fue utilizado en los llamados «Vuelos de la muerte» de la dictadura de 1976-83.
En este contexto, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa trajo a colación un proyecto que presentó cuando cumplía su mandato como diputado nacional junto a otros legisladores de extracción sindical como Carlos Ortega, Pablo Carro, María Rosa Martínez, Claudia Ormachea, Vanesa Siley, Carlos Cisneros, Carlos Ponce, Hugo Yasky y Alcira Figueroa.
«Ayer, la compañera @CFKArgentina pidió una ley «contra el Negacionismo». Cuando fui diputado nacional, en agosto de 2021 presentamos proyecto de Ley Antinegacionista (3541-D-2021) para q se sancionen conductas negacionistas y/o apologistas de genocidios y crímenes de Lesa Humanidad»
El proyecto de la ley antinegacionista presentado en 2021 buscaba imponer sanciones a nivel civil y penal a conductas negacionistas o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad, de la soberanía argentina sobre las Malvinas y de políticas públicas sobre epidemias que pongan en riesgo la salud pública.
Si bien todavía ningún candidato se atrevería a reivindicar públicamente los crímenes de cometidos durante la dictadura, los límites para cuestionar un genocidio de reconocimiento mundial como el ocurrido en nuestro país se corren más y más.
Algunos ejemplos recientes: La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, reclamó una “memoria real” de lo sucedido. Mauricio Macri se refirió en más de una oportunidad al «curro de los derechos humanos». Un grupo de legisladores porteños que responden a Javier Milei y Ricardo López Murphy se negaron a acompañar el repudio al terrorismo de Estado. Intendentes en Córdoba y Mendoza salieron a declamar que no hay 30.000 desaparecidos. Desde Juntos por el Cambio se opusieron a un cuadernillo sobre memoria y soberanía que hizo la cartera de Educación bonaerense, con la acusación de «adoctrinamiento». Un juez federal de Mar del Plata posteó una foto de un Falcon verde en sus redes sociales, con la leyenda «Sí a la vida». En Salta un grupo de militares retirados homenajeó a sus pares que murieron mientras eran investigados por crímenes de lesa humanidad. La estación que recuerda a Rodolfo Walsh y la placa del excentro clandestino de detención Virrey Cevallos fueron vandalizadas.
La precandidata a vicepresidenta por el partido de Javier Milei, Victoria Villarruel, preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que hace los famosos reclamos de «memoria completa» y equipara crímenes de guerrilleros con el terrorismo de Estado. Además es la hija de un militar que reivindicaba su rol en el Operativo Independencia, sobrina de un detenido por crímenes en el Primer Cuerpo de Ejército y nieta de un miembro de la Armada Argentina, dedicado a la historia de la fuerza.
Las estrategias son uniformes, repetitivas y buscan quebrar una lectura de los hechos respaldada con años de investigación histórica, política y judicial por profesionales de todo el mundo. Resaltan hechos violentos realizados por guerrilleros y los equiparan al terrorismo estatal, niegan que haya habido 30 mil desaparecidos, cifra establecida como simbólica justamente porque no es posible tener datos reales, también cuestionan las indemnizaciones reparatorias que se les otorgaron a las víctimas y sus familiares y socaban el trabajo en el área de los derechos humanos que atraviesa a todo el arco político.
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