La Multisectorial Contra la Reforma, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, repudió la ejecución de «operativos de amedrentamiento» por parte del Gobierno de Gerardo Morales, con «allanamientos ilegales, agresiones, policías de civil a mitad de la noche», «percusiones con camionetas sin patente» e «intimaciones por expresiones públicas».
En una conferencia de prensa, además, rechazaron la «tendenciosa» creación de una «comisión especial» que impulsa el bloque de diputados oficialista Cambia Jujuy para investigar lo ocurrido el pasado 20 de junio en las afueras de la Legislatura local, mientras se juraba la nueva Constitución.
Como fundamento, señalaron que se habla de un «intento de desestabilización de las autoridades provinciales» y pidieron que, en todo caso, se indague también sobre el accionar policial y la responsabilidad del Ministerio de Seguridad.
«El pueblo jujeño se encuentra más unido que nunca y esperamos realmente que el Gobierno entienda que lo que queremos es que se siente a dialogar en un contexto de paz y tranquilidad», expresó Gabriel Haugueri, de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), gremio que cumple su cuarta semana de paro, con reclamos salariales y contra la reforma.
Desde el Centro de Docentes de Educación Media y Superior (Cedems) advirtieron sobre profesores que sufrieron situaciones de «acoso» por participar de las manifestaciones, denunciadas en las últimas horas ante la justicia local.
También expusieron que hay docentes «intimados por el Ministerio de Educación provincial a justificar por escrito manifestaciones que hicieron en medios de comunicación respecto al rechazo a la reforma», razón por la cual el espacio mantuvo este viernes un paro de 24 horas.
En el mismo sentido se expresaron referentes de los pueblos originarios que mantienen cortes de ruta en distintos puntos del norte provincial, como parte del Tercer Malón de la Paz contra la reforma constitucional, donde convergen más de 50 comunidades que reclaman que no se respetó el derecho a la consulta previa.
«Queremos rechazar toda la tergiversación y mal información que están haciendo circular a cerca de que hubo consulta a las comunidades. En ningún momento llegó invitación para tratar que una reforma que iba a afectar nuestros intereses», señaló Raúl Choquevilca, presidente la comunidad aborigen Ocumazo, de Humahuaca, y pidió que «paren con la desinformación y la actitud de estigmatizar y discriminar».
«Paren la persecución y represión que continúan en estos momentos en las diferentes localidades», agregó Choquevilca al mencionar que van a continuar con los cortes de protesta hasta que «caiga la reforma».
El dirigente del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom), Santiago Seillant, hizo énfasis en el repudio a los «operativos de amedrentamiento» y señaló que son «sin órdenes judiciales y con policías de civil o encapuchados sin identificación, como hubo una serie de sucesos tanto el 20 de junio en la Legislatura y en la represión del 17 en Purmamarca, que constituyen violaciones a los derechos humanos en Jujuy».
También se refirió a la comisión con la que se pretende investigar lo sucedido el 20 de junio mientras se juraba la nueva Carta Magna jujeña, y que, según Seillant, es «totalmente tendenciosa», porque busca «investigar motivos políticos» y se la pretende crear con «atribuciones judiciales», siendo la «primera aplicación de la nueva Constitución dentro de la legislatura y que viola la Constitucional Nacional».
El impulso de la comisión se fundamenta, según se leyó, en que hubo «un claro intento de desestabilización de las autoridades provinciales», y que «los que tiraron piedras, amedrentaron a la ciudadanía e incendiaron vehículos, tenían la motivación clara de derrocar al Gobierno».
«Exigimos que se investiguen todos los hechos, incluso en los que están involucrados integrantes de las fuerzas policiales», concluyó Seillant.
«No somos golpistas, como pretende ponernos el Gobernador de la provincia, que llevó a esta situación por no convocar al diálogo», ponderó, por otro lado, Susana Ustarez, secretaria general de Apoc Jujuy.
«La reforma nació viciada, es ilegal, inconstitucional y contraria a convenciones internacionales, por lo tanto debe caer», agregó Ustarez, al indicar que continuarán con una «resistencia civil ordenada y pacífica», por la cual se encontraban convocando además para esta tarde a una nueva marcha por el centro capitalino.
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