La Federación de Aceiteros celebró la detención de Emilio Parodi, ex director de Molinos Río de la Plata durante la última dictadura. El gremio es querellante en la causa por las desapariciones de trabajadores de la planta de Avellaneda entre 1976 y 1978. Parodi fue detenido por confeccionar la lista de empleados que resultaron secuestrados. La Federación lo relacionó con la violencia estatal de Jujuy: «Nos señala la importancia de seguir luchando para evitar que tragedias históricas como esta se repitan en nuestro país».
El ex director general y jefe de personal de Molinos Río de La Plata que ejerció durante la dictadura militar, Emilio Parodi, fue detenido este martes tras una orden dictada por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. En la causa se investiga la responsabilidad del directorio de esa empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores.
En la causa, iniciada en 2013 por la denuncia de hijos de obreros desaparecidos en la planta de Avellaneda, se investiga la complicidad de propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos -empresa que pertenecía al conglomerado Bunge & Born- en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de trabajadores, hechos que se sucedieron entre los años 1976, sobre todo el 6 y 7 de julio, hasta 1978.
«Es un primer avance sustantivo donde se está involucrando al grupo Bunge & Born en términos de responsabilidad civil con la última dictadura militar», valoró la coordinadora de la Clínica Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y abogada de la causa, Lucía de la Vega.
Desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina celebraron «el acto de Memoria, Verdad y Justicia ocurrido en la Causa Molinos Río de la Plata».
En la causa, la Federación de Aceiteros es querellante en representación de los trabajadores aceiteros detenidos desaparecidos. «Parodi, como empleado de Bunge y Born, propietaria en ese momento de la empresa, está imputado por ser parte de la organización que confeccionó la lista de los trabajadores aceiteros de la planta de Molinos ubicada en Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, que fueron secuestrados debido a su actividad sindical por el aparato criminal del Terrorismo de Estado, en algunos casos junto a sus familiares», explicaron desde el gremio.
«Este hecho de tardía justicia, pero justicia al fin, es de la mayor importancia», valoraron. «No solamente para las familias que han sufrido profundamente, sino también para el conjunto de la clase trabajadora, que fue el principal objetivo atacado por la dictadura genocida».
El gremio resaltó que «la justicia llega cuando tiene atrás el clamor de todo un pueblo, como ocurrió con esta lucha de décadas por Memoria, Verdad y Justicia en Argentina. Nos señala la importancia de seguir luchando para evitar que tragedias históricas como esta se repitan en nuestro país».
Y lo relacionaron directamente con la crítica situación de violencia estatal que sufren docentes, municipales e indígenas en Jujuy estos días: «Lo decimos con la mayor severidad cuando vemos que nuevamente en nuestro país, específicamente en Jujuy, desde hace semanas se vive bajo una brutal política represiva con allanamientos y detenciones ilegales, violencia policial, torturas y abusos contra trabajadores y comuneros.
Aunque los medios hegemónicos lo silencien y a diferencia de la década del ’70, las nuevas tecnologías facilitan el registro y la difusión de estos hechos. Debemos afianzar y redoblar nuestra conciencia para luchar por las libertades democráticas y sindicales ante la nueva ofensiva que desde sectores del poder económico concentrado están desplegando contra el movimiento obrero y el pueblo argentino».
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