Las comunidades indígenas agrupadas en el Tercer Malón de la Paz ratificaron en Jujuy los cortes de ruta por tiempo indefinido y denunciaron que “el mal accionar” del gobierno de Gerardo Morales “está provocando grandes perjuicios a toda la provincia”. El mensaje de los pueblos originarios -uno de los actores centrales del rechazo a la reforma constitucional en la provincia- se conoció después de que el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC) convocara al diálogo… pero avisando que no dará “ni medio paso para atrás”. En simultáneo, organismos de derechos humanos exigieron el cese del “delicado contexto de criminalización” contra la protesta social en territorio jujeño.
A poco más de un mes de iniciado el conflicto en Jujuy, las comunidades originarias difundieron una declaración donde señalaron que “hasta el día de hoy, el gobierno no se hizo responsable” de la situación generada con la reforma de la Constitución local. Reclamaron que “se declare la nulidad de la nueva Constitución provincial”, al tiempo que volvieron a rechazar el “procedimiento por el cual se realizó” la modificación del texto y objetaron su “contenido, puesto que viola los derechos indígenas”. En ese sentido, pidieron que se debata un nuevo proyecto y que se respeten “los marcos normativos vigentes en la Constitución Nacional”.
Las organizaciones indígenas también solicitaron el cierre de “las causas judiciales iniciadas a las personas que participaron en las distintas movilizaciones en pleno ejercicio de derecho a la protesta de forma pacífica”, y exigieron “el cese de la represión, persecución y amedrentamiento de las personas que participaron de las diferentes manifestaciones”. A la vez, pidieron la renuncia del gobernador Morales y de sus funcionarios Guillermo Corro (Seguridad) y Sonia Ochoa (Derechos Humanos), así como también del jefe de la policía jujeña, Horacio Herbas Mejías, “quienes ejercieron violencia institucional y abuso de autoridad en los violentos operativos de represión, dejando un importante saldo de heridos de gravedad y lesionados física y psíquicamente en toda la provincia”.
Los comuneros mantienen cortes de ruta en la intersección de los caminos 9 y 52 a la altura de Purmamarca, además de otros bloqueos en las localidades de Maimará, Tilcara, Uquía, San Roque, Iturbe y Hornaditas.
“Contexto de criminalización”
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos (Andhes) ofrecieron una conferencia de prensa junto a referentes de comunidades indígenas y reclamaron el cese del “delicado contexto de criminalización” contra quienes protestan contra la reforma de la Constitución local, y exigieron una respuesta de la Justicia Federal para “generar los mecanismos de protección necesarios” ante la continuidad de los reclamos.
“El derecho a ejercer la protesta en Jujuy atraviesa una seria crisis y en ese sentido el rol de la Justicia local viene mostrando deficiencias en cuanto a la dilación para resolver estos reclamos”, comentó Florencia Vallino, directora ejecutiva de Andhes. Vallino expresó preocupación por la actuación de la fuerza de seguridad local, “apuntando (con armas no letales) al rostro de las personas y generando lesiones oculares. Son muchos los casos, lo cual da cuenta de un patrón que se reitera y que preocupa profundamente”, remarcó.
En materia de acciones de protección de los manifestantes, Diego Morales, del CELS, recordó que está vigente un habeas corpus en la justicia federal. “Primero los jueces federales provinciales decidieron no intervenir, se declararon incompetentes, y hubo una orden de la Cámara de Casación que los obligó. En ese contexto, el habeas corpus tiende a proteger los derechos de aquellas personas que se están manifestando en rutas nacionales, como la 9 y la 52”, señaló el director de Litigio del organismo. Morales explicó que ahora se reclama a la Justicia Federal que “convoque a una audiencia y genere los mecanismos de protección necesarios” para “resguardar a las personas de los hechos de violencia institucional que ya se vienen dando en Jujuy”.
El referentes del CELS advirtió sobre un “profundo y lamentable proceso de persecución de referentes sociales, sindicales y comuneros”, en el que “las autoridades políticas y del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy ponen el foco en la necesidad de criminalizarlos”, mientras “no hay investigaciones en relación a la violencia policial”.
A su turno, Néstor Jerez, cacique del pueblo ocloya, y de la Asamblea Abierta de Pueblos Indígenas de Jujuy, reclamó “el cese de la represión, de la persecución y de las imputaciones que se están generando”. “Se están expresando los pueblos indígenas, los movimientos gremiales, sociales, de derechos humanos, todos estamos reclamando la nulidad de esta reforma por ser inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales y de la Constitución Nacional”, agregó Jerez.
Raúl Sajama, de la comunidad Indígena Angosto el Perchel, de Tilcara, recordó que, antes de la sanción de la ley que convocó a la reforma constitucional, ya habían expresado formalmente que se debía cumplir con la consulta previa, que no ocurrió. La misma situación, agregó, se repitió durante las reuniones de la Convención Constituyente, cuando se presentaron varias comunidades y pidieron que “antes de aprobar el nuevo texto realicen la consulta a las 400 comunidades que hay en Jujuy”.
Leña al fuego
Lejos de buscar apaciguar el conflicto, el gobernador Gerardo Morales difundió un breve spot en el que avisó que no a dará “ni medio paso para atrás”. El precandidato a vicepresidente por JxC insistió en vincular la situación que sufre la provincia con un plan de sus opositores. Primero dijo que, desde 2015, cuando fue electo, tuvo que “desmantelar un Estado paralelo que comandaba Milagro Sala con la organización Tupac Amaru”, tras lo cual se generó una “gran transformación” en Jujuy y se logró la “paz”. “Esa es la primera de tres cosas que el gobierno de Fernández y Fernández no me perdonan”, acotó el mandatario, aludiendo al Presidente y la vicepresidenta. Como segundo punto, vinculó el conflicto con su decisión de “integrar una fórmula presidencial” con el propósito de “lograr una transformación en el país y que dejen de seguir destruyendo los sueños y proyectos de vida del pueblo”.
Morales defendió la reforma parcial de la Constitución (avanza en “generar nuevos y más derechos”, dijo) y volvió sobre la idea de un “intento de golpe de Estado” en su contra. “No se lo vamos a permitir”, sentenció. Allí fue cuando esbozó un “llamado” al diálogo, que pronto desconoció con sus propias palabras. “Convoco a las comunidades reales a dialogar para reafirmar nuestro compromiso de siempre por sus derechos. Insto a los violentos y delincuentes a deponer sus actitudes y hacerse cargo de las consecuencias”, amenazó. “Señor y señora Fernández, la nueva Constitución jujeña genera más derecho y les corta a ustedes la ruta de la violencia y la impunidad, y la del Estado paralelo, por eso los jujeños elegimos en las urnas repetidamente vivir en paz, no vamos a dar ni medio paso para atrás. Respeto a la Constitución y a la ley siempre, nunca más a la violencia y a la corrupción”, concluyó.
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