La situación en Jujuy se torna cada vez más grave. El gobierno de Gerardo Morales, actual candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta (JxC), sigue criminalizando la protesta social: el Poder Judicial de la provincia pidió la detención de 22 personas que participaron de una marcha el 30 de junio, en Humahuaca, en repudio a la reforma constitucional impulsada por el mandatario radical. También se solicitó el allanamiento de los domicilios de los imputados. La denuncia fue efectuada por un grupo de integrantes del Concejo Deliberante de esa localidad y el pedido de allanamiento y detención lo hizo el fiscal Enrique Alancay. Se acusó a los manifestantes de delitos de suma gravedad como sedición y privación ilegítima de la libertad, entre otros, con el fin de que queden detenidos. Según la información recabada por Página/12, por ahora 5 de esas 22 personas quedaron detenidas y al menos 3 de ellas fueron trasladadas desde Humahuaca hasta San Salvador de Jujuy, aunque no se sabe dónde permanecen. En simultáneo, docentes y estudiantes denunciaron el ingreso ilegal de la policía provincial en la Universidad Nacional de Jujuy.

“Todavía no están todos detenidos, pero en eso están”, explicaron a este diario abogados de distintas organizaciones que siguen la tensa situación en Jujuy. “El gobierno cumplió su amenaza de criminalizar a referentes sociales e indígenas”, remarcó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a través de un comunicado, donde explicó que, con la denuncia, el gobierno de Jujuy “pretende hacer pasar una movilización por intento de sedición y secuestro. La fiscalía y el juez deciden criminalizar la protesta social”, apuntó. Pasadas las 18 del miércoles, Renzo Braian Laguna, Agustín Zamboni y Rolando Tapia fueron citados a conocer las imputaciones en su contra y a designar abogado defensor en la seccional número 15 de Humahuaca. En ese mismo momento, los detuvieron. Luego fueron llevados al hospital local y hasta el cierre de esta edición se desconocía su paradero. Las familias se apostaron en la comisaría sin obtener respuesta alguna.

“Mi hijo fue citado a la policía sin un motivo preciso a las 10 de la mañana y directamente lo metieron preso, luego al mediodía me entero que lo llevaron a San Salvador de Jujuy”, denunció a la prensa local Carola Zamboni, madre de uno de los detenidos. Y afirmó que el joven “está secuestrado, desaparecido porque yo no sé adónde lo llevaron, en qué lo llevaron y quién lo llevó”.

En el marco de las protestas que se repiten en la provincia desde que Morales comenzó con la idea de reformar la Constitución provincial, con el objetivo de entregar recursos naturales y, entre otras cuestiones, prohibir los cortes de calles y rutas, en la madrugada del 30 de junio, en Humahuaca, los pobladores locales protestaron en las inmediaciones del Concejo Deliberante. Allí exigieron la renuncia de los ediles y que no avance la nueva Constitución. La policía de Jujuy reprimió violentamente la movilización: hubo personas con heridas graves, entre ellas, jóvenes que perdieron la visión -como Joel Rodrigo Paredes, de 28 años-.

Este miércoles, 22 de las personas que participaron de aquella manifestación, entre ellos docentes, empleados municipales y sindicalistas, recibieron una orden de allanamiento y pedido de detención por parte del fiscal Alancay. Según el escrito, el pedido de allanamiento fue “para proceder al registro y secuestro de elementos informáticos y celulares de uso personal de los imputados para geolocalizarlos el día del hecho y cualquier otro elemento que tenga relación con el delito investigado”.

El fiscal pidió también la detención de las 22 personas por “privación ilegítima agravada” porque dijo que el 30 de junio un grupo de seis concejales fue retenido por los manifestantes al término de una sesión especial del Concejo. También acusó a quienes protestaban por sedición, porque dijo que esas personas “se alzaron públicamente en contra de la Constitución de la provincia, portando palos, piedras, realizando fogatas”. Otros delitos imputados son los de resistencia a la autoridad; daño agravado a bienes de uso público; lesiones leves doblemente agravadas e instigación a cometer delitos.

El operativo

Cerca del mediodía del miércoles comenzaron los allanamientos en las casas y, según lo que pudo reconstruir este diario, al menos cinco personas fueron detenidas. Tres de ellas habrían sido trasladadas en ambulancia a la capital provincial, pero –al cierre de esta edición– no se conocía a dónde estaban. “Los llevaban a San Salvador y es una locura porque desde Humahuaca a San Salvador hay cuatro o cinco cortes de ruta y no sabemos si es una estrategia para provocar la reacción del resto de gente que está cortando y realizar más detenciones”, explicó un dirigente social que intentaba conseguir información desde la capital de la provincia sobre lo que ocurría en Humahuaca.

Una abogada que a última hora estaba intentando llegar a Humahuaca para entender lo que estaba ocurriendo con las personas detenidas explicó a Página/12: “Es un delirio todo. La policía no da información telefónica y el fiscal tampoco. Es todo difuso. Las citaciones se van a dar en los próximos tres días para los comparendos, pero no sabemos a dónde los están trasladando”. Los detenidos, al parecer, aún no tenían abogados designados y quedarían a cargo de defensores oficiales, pero eso tampoco estaba confirmado. “No sabemos si son detenciones de 24 horas y no hay un dictamen de prisión preventiva tampoco. Además los funcionarios no responden y por eso estamos intentando apersonarnos”, explicó la abogada y agregó que “esto es el fin de Morales: meter miedo y amedrentar”.

Autonomía avasallada

En el marco de las medidas represivas de la gobernación de Morales para defender una reforma constitucional que impuso en forma exprés, la policía provincial violó la autonomía universitaria al ingresar a un predio de la Universidad Nacional de Jujuy.

Cuando irrumpió la policía, el Consejo Superior de la universidad se encontraba sesionando. Allí, los representantes de la comunidad académica, docentes del sindicato Adiunju y organizaciones estudiantiles debatían el repudio a la nueva Constitución jujeña, así como el rechazo a la persecución de profesores y alumnos. También se analizaba un pedido para que la institución se presente como querellante ante la Justicia. En ese momento, un grupo de agentes provinciales ingresó al predio de la UNJu sin identificación, aparentemente para intentar averiguar qué resolvía el Consejo Superior. La propia universidad difundió una declaración repudiando el hecho: “Estas acciones violentan la autonomía universitaria y la libertad de cátedra (…) Los hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social”.

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