Abogados laboralistas advirtieron que «el modelo de país» de Juntos por el Cambio pretende «destruir los derechos laborales» con la «eliminación de la indemnización por despido» y el «traspaso la Justicia laboral al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires», según denunciaron en una volanteada frente al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).
La actividad fue llevada a cabo por la Corriente de Abogados y Abogadas Laboralistas 7 de julio, cuyos miembros se instalaron en Corrientes al 1400, a metros de la entidad que reúne a los profesionales del Derecho de CABA, para repartir folletos explicativos sobre los proyectos de reforma de la legislación laboral y, de ese modo, «visibilizar lo que los grandes medios ocultan».
La abogada Natalia Salvo, una de las participantes, alertó que JxC «propone eliminar la indemnización por despido, derecho vigente en nuestro país desde 1933 y consolidado en 1945 por la acción del movimiento obrero organizado», mientras que su colega Gustavo Ciampa desmintió los planteos que definen a los derechos laborales como una «mochila argentina» que añade costos.
«Las estadísticas demuestran que menos del 2% de los trabajadores y trabajadoras que tienen derecho a hacer un juicio, lo hacen», puntualizó Ciampa, referente de la Corriente 7 de julio, agrupación que eligió ese nombre en homenaje al abogado Norberto Centeno, asesinado por un grupo de tareas de la dictadura, quien fue secuestrado en Mar del Plata el 7 de julio de 1977.
Centeno fue uno de los redactores de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744/74), y la madrugada de su secuestro se produjo en el marco de una redada general en la que fueron detenidas once personas, entre abogados y familiares, de las que la mayoría fueron asesinadas o desaparecidas.
Durante la volanteada, los letrados plantearon que una de las consecuencias de eliminar el derecho a la indemnización por despido sería un «aumento del poder y el despotismo patronal» ya que volvería mucho más barato finalizar unilateralmente un vínculo laboral por parte de los empleadores, lo que además implicaría un poder extorsivo hacia los asalariados.
«¿Quién se animaría a realizar reclamos si el costo del despido es cero?», se preguntaron los abogados y en ese sentido alertaron que ese tipo de iniciativas no sólo «vulneran derechos humanos fundamentales» sino que además implicarían «un quiebre del principio que pregona la justicia social».
Además, los integrantes de la Corriente 7 de julio aseguraron que JxC «quiere ir por la Justicia laboral» y apuntaron contra el «gobierno de Macri y Larreta», al que acusaron de pretender «traspasar la Justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires», ya que eso «les permitiría que el Tribunal Superior de Justicia (de CABA) tenga la decisión final en los juicios laborales».
«El 14 de noviembre se ponen en juego dos modelos de país, el que propone especulación y destrucción de los derechos laborales y el que propone inclusión, ampliación de derechos y trabajo digno», insistieron.
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