La mesa coordinadora del Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS) presentó cartas a todos los senadores y senadoras argumentando sus reclamos contra los proyecto de ley llamada «Bases» y contra el paquete fiscal. Aseguraron que «se trata de una propuesta regresiva en materia social y laboral», que contradice a tratados internacionales y a la Constitución Nacional, que va a reforzar la belicosidad en los conflictos laborales y que empuja al Estado a «la violación de Derechos Humanos».
El Foro de Abogados y Abogadas de Organizaciones Sindicales (FAOS) se compone de letrados que asesoran sindicatos que adhieren a tanto la CGT como a la CTA de los Trabajadores o la CTA Autónoma «y que se sienten comprometidos con el Derecho del Trabajo y la Libertad Sindical», se presentaron en la misiva.
En relación con la “Ley Bases”, el FAOS señaló que «se trata de una propuesta regresiva en materia social y laboral y, por tanto, contrario a los principios que rigen la materia, así como a las previsiones de los tratados internacionales de Derechos Humanos que consagran el principio de progresividad y no regresión en la materia». Es decir, la nueva legislación no puede quitar derechos.
Apuntaron así a que «ningún artículo dispone una mejora en materia de derechos laborales o previsionales ni les protege, de conformidad con el mandato que la Constitución hace a las leyes, sino que muy por el contrario, pretenden su sacrificio».
En particular pusieron el ojo en la mayor fragilidad en la que la Ley Bases deja al empleo público, sobre lo que poco se habla, «sin generar ningún beneficio para los trabajadores ni para el propio Estado empleador».
Además cuestionan la eliminación de las sanciones por el incumplimiento a la obligación de los empleadores de registrar los vínculos debidamente e ingresar los aportes retenidos a sus trabajadores. Estos abogados y abogadas aseguran que «promoverá el abuso de quien posee como única herramienta de subsistencia su trabajo, agravando la desigualdad y generando más inequidad en las relaciones desiguales de poder que naturalmente subyacen en los vínculos laborales, derivando en el traspaso a empleos de menor calidad, y con menos derechos».
En materia de discriminación laboral «se restablece una superada regla de distribución en la carga de la prueba, disponiendo que estos hechos -siempre realizados de forma oculta- deben ser probados por quien los sufre, olvidando quién se encuentra en mejores condiciones de probar. Así se consolida la vulneración a los derechos de la persona trabajadora, tan solo por su condición de pertenencia a ese grupo social.»
También cuestionaron la extensión del período de prueba a 6 meses, pudiendo llegar a 1 año y la creación de un Fondo de Cese «sin contemplación a ninguna particularidad respecto a las actividades en las que pueda llegar a aplicarse, parece olvidar también aquel mandato sobre la protección contra el despido arbitrario».
Pero contra la figura que cargan tintas es contra la creación del “Trabajador independiente” señalando que el nombre «mismo encierra una contradicción cuyo ridículo sólo queda empequeñecido por la pretensión que este dependiente-independiente pueda contar a su vez con 5 dependientes-doblemente independientes (independientes de aquel con quien colaboran y de aquel respecto de quien este también es independiente). La revelación del absurdo en cuestión se termina de explicitar al pretender que esta figura, que se crea en el título que versa sobre el mundo del trabajo, no contenga ningún tipo de rasgo específico tipificado y cuyo régimen sea enteramente regulado por el PEN».
Por todo lo antedicho sobre la ley de Bases y el paquete fiscal, concluyen que «las modificaciones bajo análisis resultan inconstitucionales toda vez que, como se ha señalado, configuran una clara desprotección de las personas trabajadoras y una manifiesta regresión de los derechos, dando lugar no solo una mayor belicosidad en las relaciones laborales y por tanto, una creciente litigiosidad, sino también haciendo caer al Estado Nacional en responsabilidad por la violación a los derechos humanos fundamentales que implicaría aprobar este proyecto».
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