La bancada oficialista buscará este miércoles en la Cámara de Diputados, junto a sus aliados, convertir en ley el proyecto de reformas a la ley de Inteligencia, que apunta a delimitar las funciones de los agentes de la ex SIDE y establecer un sistema transparente de los fondos reservados.
El debate del proyecto se realizará en el marco de una sesión especial impulsada por el Frente para la Victoria, en cuyo transcurso se aprobarán también los acuerdos firmados entre los gobiernos de Argentina y China, que contemplan un régimen de inversiones y la construcción de una base espacial en Neuquén.
El bloque del oficialismo -que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio- tiene garantizado el quórum para iniciar la sesión y aprobar la reforma de la ley de Inteligencia y el acuerdo con China, con los votos aportados por el Frente Cívico de Santiago del Estero, Nuevo Encuentro, los neuquinos del MPN, dos bancadas fueguinas, y de la legisladora del Frente de Inclusión Social, Ramona Pucheta.
La única incógnita de la sesión es la posición que asumirán los bloques opositores que comenzaron a exhibir sus diferencias sobre la conveniencia o no de vaciar el debate legislativo, como sucedió cuando se debatió esta iniciativa el pasado jueves 12 en el Senado.
Por lo pronto, la líder de la Coalición Cívica Elisa “Lilita” Carrió y actual aliada de Mauricio Macri participó del último plenario de comisiones y anticipó que participará de la sesión especial del miércoles, y ahora su posición podría ser acompañada por los diputados del PRO.
De hecho, la bancada macrista -conducida por Federico Pinedo- mantendrá el martes una reunión para definir si asistirá a toda la sesión o solo cuando se debata el acuerdo con China, aunque la mayoría se inclina a dar el debate y así no perder la vidriera política que proporciona el recinto de sesiones.
En cambio, el radicalismo quiere mantener la postura de no asistir al debate sobre la ley de Inteligencia, volver a realizar una audiencia pública, y solo se sentaría para debatir el acuerdo con China, dado que para analizar esa iniciativa concurrió al plenario de comisiones.
Tampoco definió su posición el Frente Amplio Progresista, y el Frente Renovador que lidera el ex intendente de Tigre Sergio Massa, aunque se estima que acordará su posición con la Unión Cívica Radical.
En cambio, los bloques opositores que adelantaron que concurrirán a dar el debate son Unidad Popular que conduce Claudio Lozano, Compromiso Federal -que lideran los hermanos Rodríguez Saa- y el interbloque del Frente de Trabajadores de Izquierda, cuyos legisladores del Partido Obrero y del PTS nunca faltan a ningún debate.
En este contexto político, los diputados discutirán el proyecto que plantea una reforma sustancial al sistema de Inteligencia, donde se busca delimitar la participación de los agentes de la ex SIDE en la investigación de casos criminales complejos de narcotráfico o de terrorismo internacional, como fue el atentado a la AMIA.
El proyecto aprobado en el Senado disuelve la actual Secretaría de Inteligencia (SI) y crea la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como organismo superior del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá quedar constituido en un plazo de 90 días.
En cuanto a sus autoridades, el dictamen de mayoría establece que el director y subdirector general serán designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. En el texto se aclara, además, que “el cese de ambos funcionarios podrá ser dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional”.
Además dispone que se mantiene el personal así como los bienes de la actual Secretaría de Inteligencia a la Agencia Federal de Inteligencia, con excepción de la Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota) que pasará a depender de la Procuración General de la Nación.
La Procuración General tendrá la función de realizar escuchas telefónicas solo a pedido de un juez, que era una tarea que realizaba la ex SIDE.
De todos modos, las modificaciones más importantes incorporadas al proyecto están relacionadas con la actividad que podrán realizar los agentes de la nueva AFI.
En ese sentido, se establece la prohibición de que los agentes funcionen como auxiliares de la justicia, y solo podrán hacerlo “por pedido expreso del juez en una causa determinada”.
Otro punto importante es la reducción de 25 a 15 años del plazo para la desclasificación de información, que ahora será clasificada en tres categorías, como información pública, reservada y secreta.
