En el comienzo de la jornada de lucha en la que se instaló una carpa por cuatro días frente al Congreso, el Secretario Adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, exigió al Gobierno que se acondicione la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de Neuquén para su reactivación y puesta en funcionamiento con plenitud tras su cierre durante la gestión anterior. «Es hora de que las voluntades políticas se concreten», apuntó.
La PIAP es una de las industrias de este estilo más importantes a nivel mundial y se encargaba de proveer un insumo fundamental, como lo es el «agua pesada», a las tres centrales nucleares en nuestro país: Atucha I, II y Embalse. Actualmente este producto es importado a pesar que la planta tiene capacidad para abastecer al mercado local e incluso exportar.
En esta línea, Aguiar recordó que «la PIAP es una de las industrias más grandes que tiene la provincia de Neuquén» y consideró que «debiera ser el puntapié inicial para el desarrollo de un gran polo industrial, pero los Gobiernos que se han ido sucediendo a nivel nacional sistemáticamente atentaron contra ella».
«Siempre fue el pueblo, las trabajadoras y trabajadores quienes dieron pelea para defender la planta, sostener su funcionamiento y reactivarla cuando fue necesario. Acá estamos nuevamente, montando esta carpa frente al Congreso de la Nación para exigir respuestas», expresó el dirigente de ATE. El acampe comenzó durante el mediodía del martes y durará, al menos, hasta el viernes.
A pesar que desde distintas entidades afines a esta industria se manifestaron a favor de su reactivación, como la Secretaría de Energía, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (encargada de operar las centrales nucleares), aún no hubo ninguna señal real y concreta para su nueva puesta en marcha.
De los 600 empleados que supo tener la PIAP, hoy cuenta con apenas 105 encargados de mantener las instalaciones. Sin embargo, si no se retoma el nivel anterior, las máquinas corren el riesgo de quedar obsoletas en poco tiempo. Por si fuera poco, se calcula que volver al nivel óptimo de trabajo demandará al menos 20 meses debido a la necesidad de formar, capacitar y contratar a los especialistas.
«A medida que pasa el tiempo, el costo para que vuelva a funcionar es mayor, tanto económicamente como por los recursos humanos necesarios, ya que en los últimos tiempos se han perdido numerosos profesionales y técnicos altamente calificados. El Gobierno no debe dejar pasar un sólo minuto más y tiene que dar inicio inmediatamente a un plan de puesta en funcionamiento», concluyó el adjunto de ATE.
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