El intento de asesinato a las vicepresidentas Cristina Kirchner y Francia Márquez (Colombia); el fusilamiento con cuatro balas en la cabeza de la concejala brasileña, Marielle Franco; la ejecución de la activista hondureña Berta Cáceres no son hechos aislados. Así lo denunciaron las expertas de la OEA que visitaron Argentina. “Los casos de violencia contra mujeres en la política tienen dos características centrales: quedan impunes y tienen fines disciplinadores”, sentenciaron.
Por pedido del gobierno nacional, las expertas independientes que conforman la convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer –conocida también como Convención de Belem do Pará, por ser allí donde nació el 9 de junio de 1994– estuvieron en el país del 1 al 3 de marzo y se entrevistaron con numerosos sectores públicos y privados para evaluar la situación en Argentina.
La conclusión es certera: Argentina dio un salto cualitativo de calidad y cuenta con herramientas de avanzada como la existencia de ministerios de las mujeres, género y diversidad, pero, en el lado oscuro de la realidad, “a pesar de estos instrumentos, subyace un clima de hostigamiento, ataques e impunidad contra las mujeres que participan en la vida pública y política”, dice el comunicado.
El intento de asesinato contra Cristina Kirchner el 1ª de septiembre de 2022 y la inacción judicial (por decir lo menos) a seis meses de ese atentado hablan por sí solos. Durante la visita a la vicepresidenta en el Senado, las expertas recibieron un dossier de 96 páginas donde se detallan exhaustivamente, además del atentado calificado como “el mayor hecho de violencia política desde el retorno de la democracia en nuestro país”, todo el listado de agresiones, ataques de odio y demonizaciones en su contra, durante dos décadas.
Los medios de comunicación hegemónicos fueron actores principales en estos actos de violencia que, como indica el dossier, en el caso de Cristina, utilizaban “su condición de mujer para denostarla, denigrarla, desprestigiarla y violentarla” con el fin de generar “su despersonificación y su objetivización, con la clara finalidad de diluir hasta la inexistencia su estatus de persona, para así justificar e incentivar cualquier tipo de agravio, injuria o ataque en su contra.”
El informe de la OEA reconfirma el alto riesgo que corre la vida de las mujeres políticas en América Latina aunque, para ser justos, la violencia está dirigida exclusivamente contra aquellas que defienden modelos progresistas que incluyen amplitud de derechos de género, protección al medio ambiente o políticas antineoliberales, entre otras.
De México a Chile
Un caso emblemático es el de Berta Cáceres, lidereza indigenista lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, asesinada hace siete años, el 3 de marzo de 2016, por un grupo de sicarios que irrumpieron en su casa, a la medianoche, y la balearon. El Congreso Nacional de Honduras la declaró Heroína Nacional. La moción fue presentada por el partido Libertad y Refundación de la actual presidenta, Xiomara Castro.
Berta Cáceres, entre otras luchas, buscaba impedir un proyecto hidroeléctrico sobre el río Gualcarque declarado “río sagrado del pueblo lenca”. La construcción estaba a cargo de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con financiamiento multinacional (EEUU, Finlandia; Holanda, etc). El presidente de DESA era el subteniente (R) Roberto David Castillo Mejía, graduado en West Point en 2004, que había trabajado para el Departamento de Inteligencia y Contra inteligencia del Estado Mayor Conjunto de Honduras. En junio del año pasado, después de seis años del asesinato de Berta, Castillo fue condenado a 22 años de prisión, por ser “autor intelectual” del crimen.
En cuanto a la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, las expertas de la OEA comentaron que el hallazgo de siete kilos de explosivos en la carretera que lleva a su residencia familiar y el consiguiente intento de asesinato fueron considerados por el comité como una grave expresión de violencia contra la dirigente y por extensión contra las mujeres, además de una amenaza contra el sistema democrático.
Para las expertas está claro que la violencia contra las mujeres políticas, ninguneada por la inacción de la justicia y silenciada por los medios hegemónicos, genera una peligrosa ausencia de condena pública al tiempo que facilita, reproduce y magnifica la violencia contra políticas mujeres. “Esta impunidad –agrega el documento- tiene un enorme impacto en las mujeres y en las instituciones democráticas.”
En el caso de la brasileña Marielle Franco, asesinada en 2018 en Río de Janeiro, la investigación estaba –hasta ahora- también paralizada. La asunción de Lula da Silva como presidente de Brasil, el pasado 1 de enero, reactivó la causa. El pasado 22 de febrero el flamante ministro de Justicia, Flavio Dino, pidió la apertura de la investigación. Cabe recordar que las pistas de este asesinato conducen al ex presidente Jair Bolsonaro. Uno de los asesinos frecuentaba su casa y en junio de 2021, el entonces gobernador de Río de Janiero, Wilson Witzel, al ser depuesto acusó a Bolsonaro y al entonces ministro de Justicia, Sérgio Moro, de haber promovido su destitución luego de que la Policía de investigaciones carioca encontrara nexos entre la familia del expresidente y los detenidos por matar a balazos a la concejala socialista.
El pasado 24 de febrero el MECSEVI informó. además, sobre el aumento de ataques contra mujeres legisladoras en Brasil. “Dichas manifestaciones de violencia incluyen insultos machistas y misóginos, abuso sexual, revocación de sus cargos y amenazas contra su vida e incluso feminicidio”, aseguraron.
“Las concejalas han sido víctimas de agresiones sistemáticas destinadas a menoscabar su participación dentro de la vida política. En particular, preocupa a este Comité la violencia contra cinco concejalas del estado de Santa Catarina, luego de que denunciaran presuntos saludos nazis y conductas antidemocráticas durante una manifestación en contra del resultado de las elecciones presidenciales. Además de recibir insultos y amenazas, varias de ellas fueron sometidas a procesos de destitución de sus cargos, como es el caso de la concejala Maria Tereza Capra, cuyo mandato fue revocado el pasado 4 de febrero aludiendo una (supuesta) violación del decoro parlamentario”.
Otros casos denunciados por la OEA son los de la senadora mexicana Martha Lucía Micher, del partido oficialista Morena, por defender la despenalización del aborto; la ex legisladora, Nivea Vélez, de Ecuador, defensora de los derechos de las mujeres trabajadoras o Constanza Valdes Comtreras de Chile, activista feminista y trans, que denunció en su twitter “hostigamiento de pinochetistas que se hacen llamar ‘patriotas’ pero defienden los valores de extrema derecha y no le importan ni las personas ni los derechos humanos”.
El acoso a las mujeres políticas busca ser un castigo “ejemplificador”. El próximo miércoles “Día Internacional de la Mujer” como argentinas y argentinos debemos exigir el total esclarecimiento del atentado contra Cristina Kirchner y el castigo a los culpables. Con impunidad no hay democracia.
FUENTE:EL DESTAPE
