La minera El Aguilar, señalada en los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en Jujuy por haber participado en el secuestro de 27 de sus trabajadores el 24 de marzo de 1976, fue acusada hace cinco años por contaminar el medio ambiente, violar la Ley 22.051 de residuos peligrosos y arrojar metales pesados en ríos de la Quebrada de Humahuaca, declarada patrimonio universal. Pero el lobby en despachos políticos y el apriete a funcionarios judiciales logró archivar el proceso.
La empresa, que utiliza a la Gendarmería Nacional como seguridad privada y controla el acceso a rutas y caminos públicos de la provincia, sacó del medio a uno de los que más molestaba. Antonio Gustavo Gómez, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental para el NOA que impulsó la investigación desde el comienzo, ya no cuenta para trabajar con jurisdicción en Salta y Jujuy. Tierra muy afecta a que los jueces, además, reivindiquen y protejan a los genocidas.
