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INFOnews
Parlamentarios nacionales, sindicatos y expertos ferroviarios aprueban la decisión del Gobierno nacional de intervenir la concesión a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), operadora del ramal Sarmiento en el que la semana pasada, en la estación de Once, se produjo un accidente tras el cual murieron 51 personas y más de 700 resultaron heridas. Sin embargo, toman la medida, anunciada esta mañana por el ministro de Planificación, Julio de Vido, y por el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, como una transición a lo que debiera derivar en una nueva relación contractual, con nuevas reglas y controles eficientes a los trenes.
El titular de la Cátedra de Administración y Gestión Ferroviaria de la Universidad de San Martín, Fernando Frediani, dijo a INFOnews que lo positivo de la intervención no es la intervención per se, sino el hecho de que esta se desarrollará mientras se sustancia la investigación judicial.
“Sin perjuicio del resultado de la pericia, la gestión de TBA ha sido negativa. Y este es un buen primer paso. Pero calculo que dentro de 15 o 20 días el Estado debe continuar haciéndose cargo o bien actuar para regerenciar los servicios. Esto tampoco puede hacerse de un día para el otro: tiene que hacer alguna compulsa nacional, una licitación, pero con condiciones diferentes a la relación con TBA”, afirmó Frediani.
El ingeniero sostuvo que no interesa tanto si es el Estado el que se hace cargo del servicio o una empresa privada. “El Estado o un particular lo pueden administrar mal o bien. Todo depende de las normas y controles que se ejecute sobre la materia. Acá ha habido un problema técnico, sin dudas. La técnica y el diseño del sistema ferroviario prevén que ante fallas humanas los sistemas actúen para evitar el accidente. La pericia puede llegar a indicar que a la causa que provoca el no frenado del tren se le pudo haber sumado una deficiencia en la conducción. Normalmente hay componentes de ambas partes, humanos y materiales. No es blanco o negro”, advirtió el especialista.
Quien también calificó de positiva la medida fue Horacio Caminos, el vocero del gremio de los maquinistas, La Fraternidad, aunque advirtió que no es determinante y no resuelve la crisis de fondo del sistema ferroviario.
“Sea estatal, privada o intervenida, no hay solución si no se ataca la médula del problema del sistema ferroviario, que es la vigencia de la legislación liberal de los 90. Si no se deroga la ley de Reforma del Estado (aprobada en 1989, en el inicio de la primera presidencia de Carlos Menem, al que se autorizó de esa manera a privatizar empresas estatales) ni se sanciona una ley federal de transporte, mediante la cual Transporte sea ministerio, y no una mera secretaría de Estado, y tenga un presupuesto votado por el Congreso y mecanismos de control con participación de usuarios y municipios, pocas cosas van a cambiar”, sostuvo Caminos.
Por último, dijo que la intervención no afectará en absoluto a las fuentes ni a las condiciones de trabajo de los obreros ferroviarios que trabajan en las líneas Mitre y Sarmiento. “El ferrocarril no es TBA. TBA es (Claudio) Cirigliano con cuatro o cinco gerentes más. El ferrocarril, en cambio, son los trabajadores. Pasaron los ingleses, los belgas, la Provincia de Buenos Aires, el Estado nacional, las empresas privadas, y el ferrocarril sigue siendo de los trabajadores”, expresó.
En tanto, el diputado del Frente para la Victoria Alfredo Carlos Dato señaló que el Estado nacional no podría hacerse cargo del servicio en forma definitiva y que, por ende, esta intervención transitoria supone un paso previo a una rescisión contractual y la posterior asignación del manejo de estos ramales a otra compañía.
“El accidente pone en blanco sobre negro las debilidades de las concesiones. La intervención a la empresa no resuelve el problema de fondo. Lo importante es ver qué se ha hecho con los dineros públicos”, apuntó, en diálogo con INFOnews.
A su vez, el diputado Martín Sabbatella (Nuevo Encuentro) apoyó la medida gubernamental mientras, según señaló, se espera el peritaje judicial para determinar las causas y responsabilidades del accidente. “Es necesario investigar profundamente lo ocurrido y, al mismo tiempo, garantizar ya mismo un servicio seguro”, dijo.
La intervención se aplica a la concesión de las líneas Sarmiento y Mitre, que opera TBA, y se extenderá durante 15 días, o bien, hasta que la Justicia establezca las causas, y estará a cargo del ingeniero Raúl Baridó, gerente de Capacitación y Desarrollo de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). La Sigen realizará auditorías sobre toda la infraestructura de estos ferrocarriles y el interventor Baridó contará con el asesoramiento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
“Los resultados de la pericia de lo ocurrido el miércoles 22 en la estación Once deben agregarse a lo que ya se viene investigando sobre TBA. La concesionaria ha demostrado su incapacidad para cumplir el contrato”, afirmó Sabbatella, y dijo que el Gobierno debe rescindirlo.
A su vez, el diputado del Frente Peronista Eduardo Amadeo declaró que espera que le vaya bien al Gobierno con la medida. “Desde mi posición de opositor espero que algo cambie por el bien de la gente, pero, para eso, el interventor debe producir cambios de raíz, tomar conciencia de los problemas y no esconderlos”, advirtió Amadeo, para quien la decisión gubernamental llega tarde.
