El Poder Ejecutivo dictó un decreto para establecer las condiciones para avanzar en las privatizaciones en forma total de Enarsa e Intercargo, y en forma parcial de Belgrano Cargas, Corredores Viales, Aysa, y Ferrocarriles, así como para incorporar capital privado a Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Fiscales.
El Gobierno Nacional ya podrá avanzar en los procesos de licitación de privatización total o parcial de ocho empresas públicas contempladas en la Ley Bases, tras haber dictado un decreto donde se establece el mecanismo para la venta de esas firmas públicas.
El Congreso autorizó la privatización total de Energía Argentina (Enarsa) e Intercargo y, en forma parcial, de Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (SOFSE) y Corredores Viales, mientras que en el caso de Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferas Fiscales solo se autoriza el ingreso de aportes privados mediante el sistema de PPP.
El Gobierno quería privatizar unas cuarenta empresas públicas, pero debió eliminar las ventas del Banco Nacional, Radio y Televisión Argentina, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas, debido a la resistencia de los bloques opositores y dialoguistas a acompañar esas propuestas.
A través del decreto 695 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno ya fijó el sistema para avanzar con la venta total o parcial de esas empresas públicas, cuyo pliego deberá ser controlado por la Auditoria General Nacional y la Comisión Bicameral de Privatizaciones, que aún no conformó el Congreso.
En la reglamentación de la Ley Bases sobre la venta de empresas, se estableció que «el ministro o secretario de la Presidencia en cuya jurisdicción se encuentre la empresa o sociedad a privatizar deberá elevar al Poder Ejecutivo un informe en el que se precise la propuesta concreta vinculada al procedimiento y modalidad más adecuada para hacer efectiva la privatización». Una copia de este informe será enviada a la todavía inexistente Comisión Bicameral del Congreso.
En cuanto a la empresa Nucleoeléctrica Argentina se fija que solo se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin; e (ii) incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social.
En tanto, se fijó que se requiere del voto afirmativo del Estado nacional para la toma de decisiones que signifiquen la ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva y la salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica, así como la incorporación de accionistas.
En el caso del Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético a cargo de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también se podrá organizar un programa de propiedad participada y colocar una clase de acciones para ese fin.
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