La Cámara de Apelaciones desestimó todos los recursos y quejas que presentó tanto Alejandra Bada Vázquez, dueña de Lácteos Vidal, como la legisladora Florencia Arietto y la empresaria pagará las costas del juicio.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó todos los recursos y quejas que presentara la dueña de Lácteos Vidal, Alejandra Bada Vazquez y la mediática legisladora devenida en libertaria Florencia Arieto, contra el juez de la causa por distintas resoluciones que fueron desfavorables para la empresa.
Lacteos Vidal había apelado las resoluciones del magistrado que ordenaban cumplir con la reincorporación de los trabajadores despedidos sin causa, las multas conminatorias por desoír resoluciones judiciales, y los embargos producidos por la falta de pago a los trabajadores de Atilra con sus correspondientes astreintes (sanciones valuadas en dinero contra el deudor).
También había recusado a los Camaristas e interpuesto recursos de queja y apelaciones. La Cámara Nacional no le hizo lugar a ninguno de esos pedidos. En síntesis: se le acabaron los recursos posibles. La defensa de los trabajadores estuvo a cargo del doctor Julián Coronel.
La historia del conflicto
El conflicto inició en 2018 cuando los trabajadores de Lácteos Vidal reclamaron el pago correcto de presentismo, cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y la recategorización de trabajadores mal encuadrados en el marco de un convenio colectivo diferenciado y a la baja.
En 2022 hicieron un primer paro y el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Vencida la misma, los trabajadores regresaron a las medidas de fuerza con el apoyo de la plana mayor del gremio de lecheros, ATILRA.
Como la patronal no realizó ni una sola propuesta tendiente a cumplir las leyes laborales y el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, que rige para los trabajadores y las trabajadoras de la Industria Lechera, en agosto del año pasado iniciaron un paro por tiempo indeterminado.
La familia Bada Vázquez junto al Movimiento Empresarial Antibloqueos (MEAB) denunció que el sindicato bloqueaba la planta y los extorsionaba. Sin embargo, la justicia, en distintas instancias, determinó que el supuesto bloqueo no existió y que los trabajadores ejercieron en forma lícita el derecho a huelga.
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