El Ejecutivo aplicará exámenes de idoneidad a 40.000 empleados transitorios y contratados, con la promesa de anonimato pero con el riesgo de desvinculación tras tres reprobaciones. Mientras tanto, avanza en la eliminación de más de 300 estructuras estatales que considera redundantes, en una medida cuestionada por gremios por su falta de transparencia y planificación.
El Gobierno inicia una nueva etapa de ajuste en el sector público, que llamó cruelmente «deep motosierra», que incluye 40.000 exámenes «de idoneidad» para empleados transitorios y contratados. Estas pruebas fueron presentadas como «presenciales y anónimas», y pretenden evaluar competencias en razonamiento lógico, comprensión de textos y normativa pública.
En principio no buscarían desvincular directamente a empleados, sin embargo, pese a presentarse como anónimas, quienes reprueben tres veces no podrán continuar trabajando en el Estado. Los gremios estatales las rechazaron por su «falta total de planificación y transparencia»
En paralelo, el Ejecutivo avanza en la eliminación de organismos que considera «duplicados», redundantes o ineficientes.
Desde el inicio de la gestión, se registraron 38.000 desvinculaciones. En esta nueva fase, el Gobierno espera superar la eliminación de 300 estructuras organizativas.
El programa también contempla medidas de transición para los empleados de organismos suprimidos. Según la Ley Bases, quienes queden afectados tendrán un período de hasta 12 meses para reubicarse laboralmente, con garantía de salario durante ese tiempo. Al finalizar el plazo, recibirían una indemnización.
INFOGREMIALES
