ATE Capital presentó este lunes 10 de marzo una medida cautelar ante la Justicia con el objetivo de suspender la aplicación del capítulo sobre empleo público de la denominada «Ley Bases». La presentación se fundamenta en la sospecha de que hubo hechos de corrupción en el proceso de aprobación de la norma asociados al caso del senador Edgardo Kueider, quien sigue con prisión domiciliaria en Asunción, Paraguay.
El secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, informó sobre la acción judicial a través de su cuenta en la red social X (@DanielCatalano_). En su publicación, hizo referencia directa al caso del senador Edgardo Kueider, actualmente investigado por la Justicia penal, lo que, según el sindicato, genera dudas sobre la transparencia en la votación de la ley.
Desde ATE Capital argumentan que las irregularidades denunciadas en el Congreso ponen en tela de juicio la legitimidad de la Ley Bases y, por lo tanto, exigen que su implementación sea suspendida hasta que la Justicia esclarezca los hechos. “El caso de Kueider pone un manto de sospecha sobre el modo en que se consiguieron los votos para la Ley Bases”, advirtió Catalano en su comunicado.
El gremio subraya que continuará su lucha en todas las instancias judiciales necesarias para defender los derechos de los trabajadores estatales y del conjunto de la sociedad. En ese sentido, Catalano expresó que “vamos a ir a todas las instancias necesarias para defender los derechos de nuestros compañeros y compañeras y de todo el pueblo”.
El capítulo de empleo público de la Ley Bases ha sido motivo de fuerte rechazo por parte de los sindicatos, ya que introduce modificaciones que afectarían la estabilidad laboral de los trabajadores estatales. Entre los puntos más cuestionados, se encuentran la flexibilización en los mecanismos de despido y la reducción de la estabilidad en los cargos públicos.
La presentación judicial de ATE Capital se suma a una serie de acciones gremiales y políticas contra la Ley Bases, que ha generado un amplio debate en el ámbito legislativo y sindical. Mientras se esperan definiciones en la Justicia, el gremio ratificó su compromiso de seguir impulsando medidas para frenar la aplicación de la norma.
