La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro que convocó a una huelga de 24 horas para el jueves 9 de noviembre y otra de 48 horas para el miércoles 15 y jueves 16 de noviembre en reclamos de mejoras salariales y de mejores condiciones de trabajo, en esa provincia.
La protesta fue resuelta por el plenario de delegados realizado este fin de semana en General Roca, donde participaron más de 150 representantes sindicales de los 15 consejos escolares de la provincia.
Para el gremio, «es urgente el pase a contrato de trabajadores horas cátedra, el pase a la planta permanente de los trabajadores contratados y el cumplimiento de jornadas institucionales con horarios delimitados de capacitación no laborables».
También, los porteros demandan «la sustitución de horas suplementarias por horas extras, tal como lo establece la Ley 3487 de la administración pública rionegrina».
«Eso implicaría que sean compensadas con francos o bajo un cálculo diferencial a favor de los trabajadores», se aclaró.
ATE busca un «aumento en los adicionales proporcional a los aumentos salariales y el pago de recategorizaciones».
Según se adelantó, «en los próximos días el sindicato realizará asambleas en las escuelas y oficinas dependientes de la cartera educativa».
El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, pidió «seguir mejorando los salarios en la provincia» y aseguró que «las porteras y porteros tienen enormes dificultades para llegar a fin de mes».
«Se ha venido experimentado un retroceso en materia de derechos y condiciones laborales y además el deterioro edilicio es grave en la mayoría de los establecimientos educativos», advirtió.
Como réplica, el titular del bloque del partido provincial Juntos Somos Río Negro, (JSRN), Facundo López, afirmó que las medidas de fuerza son injustificadas y planteó que se proponen generar malestar en la ciudadanía mientras, dijo, «toman de rehenes a los chicos».
Además, aseguró que los porteros están agrupados en el escalafón de la Ley 1.844 y que durante el 2023 recibieron todos los aumentos acordados en la paritaria con el Ejecutivo provincial, incluyendo en octubre los 45 mil pesos del bono.
«Es evidente la intencionalidad política», añadió el legislador, y señaló que «fueron, con suma, los más favorecidos por la recomposición salarial y el impacto del bono».
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