El sindicato de la industria lechera le inició un juicio millonario a empresas del sector por deudas del pago del “aporte solidario” que, por acuerdo paritario, debían realizar al gremio. Las firmas dicen que irán a la quiebra.
Desde hace años los acuerdos paritarios que incluyen “aportes solidarios” de las patronales a los gremios están en debate. Porque representan grandes negocios que asocian a patrones y trabajadores, por la suculenta caja que componen y por la falta de control de los afiliados.
El caso de la industria láctea se hace visible porque, luego de firmarlo en paritarias, las empresas se niegan a desembolsar esa suma al gremio y ahora se ha convertido en el centro de una batalla judicial inmensa.
Varias decenas de Pymes del interior denuncian que corren peligro de cierre si prosperan los juicios iniciados por el gremio liderado por el dirigente Héctor Ponce para cobrarles deudas atrasadas. Un grupo de ellas ha pedido incluso que se declare la inconstitucionalidad de ese aporte obligatorio.
ATILRA agrupa a unos 27.000 trabajadores que cobran salarios cercanos a 18.000 pesos. Además de los aportes patronales que marca la ley, y cualquiera sea su tamaño, desde 2009 las lácteas deben depositar cada mes en la cuenta del sindicato un aporte que ronda 1.700 pesos (cerca de 10% del salario) por empleado. En total, el gremio debería recaudar anualmente unos 550 millones de pesos.
“Hay muchas empresas chicas que no están pagando ese aporte. A las Pymes les resulta imposible porque no les dan los márgenes. Además, ese dinero no va al trabajador y ni siquiera se queda en el sindicato local, sino que va al gremio nacional, que usa el dinero sin rendir cuentas ”, dijo a Clarín el abogado de varias empresas que han decidido dar batalla judicial a ATILRA, luego de recibir intimaciones millonarias por parte del gremio.
Los casos de Pymes que se rebelan ante el sindicato de Ponce son varios. Uno de ellos es el de la Cooperativa de Castelli, que genera 43 empleos en una localidad de 6.800 personas. El gremio le reclama 3,2 millones de pesos, pero la empresa contraatacó judicialmente y logró parar por el momento la ejecución de sus bienes. En territorio bonaerense ATILRA inició demandas contra 20 fábricas. En Santa Fe y Córdoba son otras tantas.
Muchas Pymes de este último grupo se presentaron en el Juzgado Nacional del Trabajo 75, en la ciudad de Buenos Aires, reclamando que se declare la “inconstitucionalidad” de ese aporte. El recurso no solo apunta contra ATILRA sino también contra el Ministerio de Trabajo, al que acusan de avalar un convenio colectivo que “atenta contra el orden público”.
Esta asociación entre patrones y gremio hoy está en duda por la negativa de las empresas a desembolsar la suma pautada. Sin embargo, en muchas ocasiones esas sumas componen “dadivas” para que los gremios bajen las pretensiones salariales y de condiciones laborales para el conjunto de los empleados de la actividad.
La batalla entre ATILRA y las empresas es la punta del iceberg de un tema complejo que se debe un debate de cara a las próximas negociaciones paritarias.
