Por:
carlos heller
La afrenta a Evo Morales y a toda América Latina es un tema que no se puede dejar de tratar, por las importantes implicaciones que tiene. La decisión de negar el tránsito aéreo al presidente de otro país no es una determinación tomada a la ligera. Sin embargo, cuatro países europeos decidieron tomar esa medida al canto, actitud que parece el reflejo hacia una “mano invisible” decidida a violar incluso las normas básicas del derecho internacional. Semejante capacidad de respuesta, aplicada a un gobernante”que se parece a su pueblo” explicita la existencia de un poder que va más allá del Estado Nación.
En una lúcida definición, la Unasur expresó en Cochabamba que la “inaceptable restricción a la libertad del presidente en materia de derecho internacional convirtiéndolo en un rehén constituye una violación de derechos no sólo al pueblo boliviano sino a todos los de Latinoamérica y sienta un precedente peligroso”.
Lo ocurrido constituye un precedente esencial para evaluar el Acuerdo de Asociación Birregional Mercosur-Unión Europea, sobre el cual el bloque del norte viene presionando para lograr una especie de ALCA transatlántico. Pero también tiene que llevar a revalorizar la importancia de los acuerdos de integración desarrollados durante estos años en nuestra región: la Unasur, la CELAC, único organismo americano sin miembros del G7, el Banco del Sur, o la iniciativa sobre el Gasoducto del Sur sobre la que hay que avanzar, todos pasos para consolidar estructuras propias de la región, que reduzcan la relación de dependencia económica y política con los países desarrollados.
También lleva a prestar atención sobre cómo la política europea y las agencias de calificación, que siguen el mismo discurso neoliberal, presionan a los países latinoamericanos para que sigan esas recetas.
Un ejemplo de esta actitud, entre muchísimas otras, es la “advertencia” de Standard & Poors (S&P), en un contexto de fuerte protesta social en Brasil, de bajar su nota si el gobierno acepta aumentar el gasto social para dar respuesta a las demandas populares. El comunicado es posterior a una reciente decisión de S&P de pasar la calificación de perspectiva estable a negativa porque “hemos visto señales de una potencial utilización de la política fiscal en una forma que no es consistente con la actual calificación”. Esa inconsistencia la justifican en la mayor intervención del sector público, y en una mayor actividad de crédito por parte de los bancos públicos. La advertencia formal de S&P toma cariz de “amenaza” pues Brasil es muy dependiente de los flujos de capitales externos de corto plazo, que ya están comenzando a huir e intensificarían esa conducta de darse una baja de la calificación, que dejaría al vecino país fuera de la categoría de Investment Grade, es decir, elegible para las inversiones externas.
Nuestro país también sufre el embate de estos centros de presión; la agencia de noticias de información económica Bloomberg tituló: “Argentina: cambien sus dólares auténticos por nuestros dólares falsos”. La agencia comenta que Cristina Fernández está tratando de conseguir una parte de los dólares en poder de los argentinos que están debajo del colchón o en cuentas bancarias en el extranjero, pero en ningún momento menciona que gran parte de esa cuentas en el extranjero están en paraísos fiscales, verdaderas células cancerígenas para el sistema financiero internacional, que Cristina ha denunciado en varias oportunidades, y que los líderes de las naciones centrales, que poseen en sus territorios varios de estos paraísos, no terminan de decidirse a regular y mucho menos a erradicar.
Esta es una más de las acciones que he denominado de “sabotaje” a la ley de exteriorización de divisas no declaradas, a la que se suman las palabras del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien señaló que la Ciudad “estudia” hacer un seguimiento fiscal de los contribuyentes porteños que se sumen a esa operatoria del gobierno nacional. También consideró que los Cedin son una “moneda paralela sin sustento”, coincidiendo, lógicamente, con la opinión de Bloomberg, y sin tener en cuenta que el dólar que avala cada Cedin estará depositado en el BCRA. Al alcalde los tecnicismos no le interesan, pero sí es muy seguro en cuanto a sus convicciones: poner la mayor cantidad de palos en la rueda al gobierno nacional, sea en temas importantes como el Cedin o en cuestiones accesorias como la ubicación del monumento a Colón. Los gobernadores de Córdoba y Santa Fe siguen los pasos de Macri, prometiendo similar control fiscal y cobro de impuestos a quienes exterioricen.
Estas acciones hablan de un exiguo compromiso por las mismas normas de calidad institucional que le reclaman al gobierno nacional, puesto que están trabando la aplicación de una ley votada legítimamente en el Parlamento Nacional. Este desprecio a la calidad institucional es aun más grave en el caso de los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Alfonso Prat-Gay (Coalición Cívica) y Federico Pinedo (PRO), entre otros, quienes recordaron el compromiso de sus fuerzas políticas, explicitado en una declaración conjunta, de “dejar sin efecto el blanqueo inmediatamente en cuanto obtengan las mayorías parlamentarias necesarias para ello” (La Prensa 02/07/13). Es una actitud grave pretender penalizar a quienes exteriorizan, intentando aplicar una futura ley con carácter retroactivo respecto a una norma votada por un Parlamento que ellos integran.
Los grandes actores del mercado del trigo han puesto obstáculos que, mediante conductas oligopólicas, terminaron en un fuerte aumento del precio de la harina y sus derivados, principalmente los productos panificados y las pastas, lo que diluye el poder de compra de los sectores de menores recursos. La oferta de trigo es menor, puesto que en la pasada campaña se obtuvo una menor producción y están obligados a abastecer al mercado interno, lo cual reduce los saldos exportables. No obstante, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) informó que “la molienda destinada al mercado interno no ha tenido variaciones respecto a igual período del año anterior con lo cual el consumo interno está abastecido” (Tiempo Argentino 01/07/13), aunque aclararon que se registró una caída del 9% en la molienda total de las empresas debido a la merma en las exportaciones de harina. Cabe preguntarse entonces por qué suben los precios internos y si esta acción no resulta una especulación abusiva hecha sobre seguro con perjuicio de tercero, conducta definida en el diccionario como agio o agiotaje. Pero detrás de esta suba de precio está la presión de aquellos que no desean regulaciones de ningún tipo, y responsabilizan interesadamente a la existencia de cupos para exportación, cuando la razón de los injustos descuentos practicados a los productores se encuentra en las maniobras de los sectores molineros oligopólicos. Hay un volumen de más de 3 millones de toneladas que las exportadoras compraron y no exportaron, aunque las empresas dicen que sólo tienen 100 mil toneladas (Página/12, 06.07.13). Ante esta situación, y enmarcada en la Ley 20.680 de Abastecimiento y Represión del Agio de 1974, el 5 de julio la Secretaría de Comercio Interior emitió la Resolución 67/2013, por la cual se obliga a quienes tengan en inventario trigo pan o harina para panificación, “a ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno”. El efecto fue rápido, “luego de la aplicación de la ley de abastecimiento, apareció más trigo” y los molinos compraron más barato (La Nación, 06/07/13).
La resolución 67/2013 es una medida interesante, aunque cada vez queda más clara la necesidad de avanzar aun más y establecer Juntas de Granos y precios de referencia para mejorar los ingresos del productor, reducir las excesivas ganancias de los oligopolios y obtener un menor precio para el consumidor.
Ante el indudable crecimiento de la economía, la perversa franqueza del senador Ernesto Sanz al reconocer “a veces pienso que si la economía mejorara un poco, ¿qué pasaría con las elecciones?”, lleva a muchos a intentar poner palos en la rueda al proceso económico y a la gobernabilidad, impulsos que siempre parten de una arraigada ideología conservadora y del deseo de continuar manteniendo privilegios económicos a costa de las mayorías populares.
