La noche del 17 de julio de 1976 estábamos cenando las cuatro monjas y los padres Carlos y Gabriel en la casa parroquial. Serían casi las nueve cuando golpean la puerta y una voz pregunta por los dos sacerdotes. Ambos salen de la cocina, cruzan la salita y conversan con estas personas afuera, en una construcción distante a unos tres metros de la casa parroquial. Los padres vuelven a entrar para buscar algunas pertenencias y salen avisándonos que era la policía y debían ir a reconocer unos detenidos a la comisaría. No se preocupen, ya volvemos, nos dijo el padre Carlos”. El testimonio pertenece a Rosario Fuentes, una de las monjas que vio por última vez con vida al cura francés Gabriel Longueville y su compañero de parroquia en Chamical, el sacerdote cordobés Carlos de Dios Murias, y fue presentado ante la Justicia de La Rioja en 1984, apenas iniciada la investigación por el doble crimen. Ambos aparecieron asesinados con signos de tortura sobre las vías abandonadas del tren a unos tres kilómetros de Chamical, en el paraje conocido como Bajo de Lucas.
Ahora la jueza francesa Sylvie Caillard, del tribunal de París, reclama a instancias de la abogada Sophie Thonon –representante de la familia de Longueville– que el cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, sea interrogado por la Justicia Federal riojana para que cuente todo lo que sabe acerca del crimen de Longueville y “habilite todos los archivos y registros obrantes en poder de la Iglesia Católica argentina y diga si existen registros similares en poder de El Vaticano acerca del hecho”.
Investigación local. La causa por el crimen de los dos sacerdotes fue iniciada en La Rioja el 30 de diciembre de 1983 por el entonces flamante gobernador Carlos Menem con la intención de ganar las tapas de los diarios locales y nacionales. La afirmación no es gratuita si se tiene en cuenta que por lo menos a seis de los represores que él mismo denunció entonces, los convirtió en funcionarios provinciales y nacionales apenas alcanzó la presidencia en 1989 y jamás se designó fiscal para la causa mientras fue gobernador provincial. A cargo del expediente quedó el entonces juez de instrucción Héctor Oyola, sobre quien se abatieron de inmediato una batería de presiones para que archivara la causa. Sin embargo, en su instrucción de más de seiscientas páginas, el magistrado llegó a involucrar con distintos grados de responsabilidad a los jefes de la base aérea de Chamical, el brigadier Lázaro Aguirre y el comodoro Luis Fernando Estrella, el mismo que tomó por asalto el Aeroparque en 1988 al grito de “estamos bajo un régimen marxista”, en apoyo del carapintada Mohamed Seineldín. Además de los militares, fueron citados a declarar personal policial y civil, mas tarde indultados por Menem en 1990.
Ambos sacerdotes trabajaban codo a codo junto al obispo Enrique Angelelli en La Rioja y eso explica la saña contra ambos. Murias venía denunciando en el púlpito los atropellos de la dictadura. Longueville, en cambio, había llegado a La Rioja desde Francia donde fue profesor en el seminario y en pleno fervor del mayo de 1968 se decidió por la opción de trabajar en países pobres latinoamericanos. Así llegó a la provincia de Corrientes en 1970, donde trabajó con los pobladores del Iberá y se enteró un año después de la obra de Angelelli en La Rioja, a quien le pidió personalmente ser aceptado en su diócesis. Se instaló en Chamical en 1972 y trabajó de carpintero y ebanista enseñando el oficio de la madera. “Era más reposado que Murias y prefería el dialogo para convencer más que la denuncia”, recuerda el ex cura Juan Ortiz, secretario de Angelelli. Sin embargo, el 28 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe, el brigadier Lázaro Aguirre llamó a Longueville a su despacho y le advirtió que no se moviera de su casa. El encono del militar era comprensible, si se tiene en cuenta que Angelelli había suspendido las celebraciones religiosas en la base de la Fuerza Aérea por una discusión pública con Aguirre, quien le reclamó que “no meta a la Iglesia en política”. Por decisión propia, violando la jurisdicción de Angelelli y con el aval del cardenal Juan Carlos Aramburu, el obispo Victorio Bonamín decidió “ser el guía espiritual de la base en momentos en que las tinieblas cubren la Nación ”.
Dos semanas después era asesinado el obispo Enrique Angelelli en un confuso accidente automovilístico que la dictadura quiso mostrar como un accidente.
Angelelli había llegado a Chamical para enterrar a Longueville y Murias y se quedó una semana recogiendo datos sobre el crimen. El 4 de agosto de 1976, llevaba en su camioneta una carpeta con testimonios e hipótesis de lo ocurrido rumbo a La Rioja, para despachar al titular de la Conferencia Episcopal, Raúl Primatesta, y al Nuncio Apostólico, Pio Laghi. Sin embargo, murió en la ruta y la carpeta terminó en el escritorio del ministro del Interior, Albano Harguindeguy, según dijo el represor de la Policía Federal Roberto Peregrino Fernández ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos (Cadhu) a fines de 1979.
El juez y el cardenal. Ahora será el turno del juez federal riojano Daniel Herrera Piedrabuena, quien en enero pasado, en plena feria judicial, sobreseyó a Jorge Videla, Luciano Menéndez y Luis Fernando Estrella en la causa por torturas y secuestros contra ciudadanos riojanos entre 1976 y 1983, conocida como megacausa de los presos políticos. Piedrabuena deberá evaluar si acepta la rogatoria de su par francesa, trasladarse a Buenos Aires e interrogar a Bergoglio, quien no ocultó su amistad con el almirante Emilio Massera, con quien se reunió varias veces cuando era el responsable del Colegio Máximo de los jesuitas en San Miguel, según contó a Horacio Verbitsky en 2010 el ex detenido Lorenzo Riquelme, hoy residente en Francia. Bergoglio fue acusado, además, por los curas Orlando Yorio y Francisco Jalics de haber permitido su secuestro y tortura por fuerzas de seguridad en 1977, hecho que lo llevó en 2010 a declarar en la causa Esma. En octubre de 2007, aconsejó al sacerdote español José Luis Muñoz Quiroz, superior para América Latina de la Orden de los Hermanitos del Evangelio, no presentarse como querellante ante la Justicia Federal argentina por la desaparición en junio de 1977 del cura barrendero Mauricio Silva en La Paternal. Muñoz Quiroz desoyó el consejo y radicó la denuncia ante el juez Daniel Rafecas.
Marie Therése Abattú, madre de Gabriel Longueville, inició la denuncia por el caso de su hijo a comienzos de la década de 1990, con la Justicia argentina clausurada por los indultos . “Por supuesto que creo que el testimonio de Bergoglio puede ser útil a la causa. Se trata del asesinato de un cura, la Iglesia debe tener datos”, dijo Thonon a la agencia AFP. La abogada representa a ocho ciudadanos franceses asesinados o desaparecidos en Argentina y Chile durante los años de las dictaduras militares.
