En el marco de su manifiesta resistencia a cumplir con el proceso de desinversión que exige la nueva Ley de Medios, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, Cablevisión –la cablera del Grupo Clarín–, desoyó en lo que va del año más de diez fallos de la justicia de diferentes distritos del país en los que se le exigía cobrar por el abono básico del servicio de cable los $ 123 determinados por la Secretaría de Comercio Interior.
Muy cuestionado por estas horas por hacer uso y abuso político de las medidas cautelares, el multimedios logró demorar la implementación de lo ordenado por la justicia vía apelaciones y cautelares sin justificación técnica. Además, los rechazos de la firma a cobrar el abono en el monto que exige el Estado se han transformado en un reclamo federal: las decisiones judiciales a favor de los usuarios se dieron en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Entre Ríos, y en una cantidad de distritos del interior y el Conurbano Bonaerense.
La negativa de Cablevisión a cumplir con los mandatos de la ley tiene un solo objetivo: el económico, por la vía de la apropiación de renta extraordinaria con dinero mal cobrado a sus casi 4 millones de clientes en todo el país. De hecho, por esta práctica de cobrar más de lo permitido, la cablera de Clarín recibió ingresos extra por casi $ 5700 millones en los dos últimos años.
