El ministro de Salud, Mario Lugones, se comprometió con la “mesa chica” de la central obrera a devolverles cientos de miles de afiliados a las prestadoras sindicales que acordaron “de buena fe” con las prepagas.
La CGT cuenta las horas para ver cristalizada una promesa del Gobierno nacional. Se trata de la restitución de centenares de miles de afiliados que el propio Ejecutivo sustrajo de obras sociales sindicales y traspasó de manera compulsiva a las empresas de medicina privada. El ministro de Salud, Mario Lugones, asumió ese compromiso ante el cosecretario general de la central Héctor Daer, que así puso en juego su credibilidad ante sus pares en momentos de tensión interna. Esta misma semana la “mesa chica” de conducción evaluará el cumplimiento para definir próximos pasos.
Como reveló El Destape, la mayor organización sindical argentina permanece estática desde el 31 de enero cuando se publicó la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Salud (SSS) que ordenó el traspaso automático a las prepagas de centenares de miles de afiliados que hasta entonces figuraban como asociados mediante una intermediación con obras sociales. Aquella norma, planteada a priori como dirigida sólo contra “sellos de goma” gremiales que multiplicaron de manera exponencial su padrón de afiliados en acuerdos de mera triangulación con los privados -a caballo de la desregulación de los ’90s- terminó por generar una sangría también en organizaciones más tradicionales y de peso en la CGT que habían establecido pactos complementarios con prepagas.
Desde entonces, y bajo un total hermetismo, la conducción de la central activó todos los puentes que mantiene con la administración libertaria, en particular con Santiago Caputo incluso en momentos de zozobra del asesor plenipotenciario por su intervención censora en una entrevista de Javier Milei. La gestión de la cúpula no estuvo exenta de cuestionamientos internos de los sindicatos que sufrieron los mayores expolios a pesar de esgrimir que sus entendimientos con prepagas siempre fueron “de buena fe” y sin renunciar a una red prestacional propia.
Entre ellos figuran las obras sociales de gremios de la energía (petroleros y personal del gas) y la propia prestadora de Obras Sanitarias, bunker del mayor referente de CGT en la materia, José Luis Lingeri. Pero también las de sindicatos como la Asociación Bancaria, Aeronavegantes y el del personal de la industria del vidrio (Seivara), entre otras. Esos gremios alegan estar en una situación muy diferente porque sus acuerdos con prepagas fueron para la prestación de servicios puntuales mediante la contratación de una cápita determinada (es decir una porción de los afiliados propios que pasaron a obtener beneficios complementarios) sin desentenderse de la responsabilidad primaria sobre ese padrón.
La primera reacción institucional se diseñó en una reunión de la “mesa chica” en el gremio de estatales UPCN hace dos semanas. Allí, como reveló este medio, acudieron Daer, Andrés Rodríguez (anfitrión), Gerardo Martínez (albañiles, Uocra) y Cristian Jerónimo (Seivara). Este grupo conocía de antemano que los denominados “sellos de goma” se aprestaban a iniciar una ola de presentaciones administrativas, demandas en el fuero Civil y Comercial y hasta otras de carácter penal contra Lugones por violación de acuerdos circunscriptos al ámbito del derecho privado.
La estrategia de los sectores más tradicionales de la CGT fue, en cambio, abrir una negociación destinada a armar un dique que separase la problemática de los “sellos de goma” de la de las obras sociales con acuerdos complementarios. El mensaje a Caputo y Lugones fue sencillo: si les regresaban los afiliados a las prestadoras protegidas bajo el paraguas de la “mesa chica” no habría presentación judicial alguna de este grupo, además de buena predisposición para encarar paritarias a gusto del Gobierno (es decir, por debajo de la línea inflacionaria) y prudencia declarativa en la crisis por el escándalo cripto que enchastra a Javier Milei.
La semana pasada Lugones y un puñado de dirigentes guiados por Daer terminaron de pulir los puntos centrales del acuerdo “de caballeros”. Resolvieron que las obras sociales protegidas por la CGT harían presentaciones individuales ante la SSS para validar sus acuerdos prestacionales con prepagas y solicitar la reinstalación de los afiliados perdidos. En ese pacto la suerte de los “sellos de goma” quedó echada y sólo pendiente del resultado de su propio plan judicial dirigido por el constitucionalista Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio Público de Abogados y exministro de Justicia.
En Salud, no obstante, descartaron ante El Destape una norma aclaratoria de la resolución 1/25 y también una reposición de afiliados “de facto”. De concretarse esa alternativa, en la CGT advierten por un escenario de tensión difícil de mensurar. Entre los afectados del grupo amparado por el lobby de la “mesa chica” se debaten entre la expectativa por el cumplimiento de las promesas oficiales y la preocupación por los múltiples desaires libertarios al sector en el primer año de gestión.
Para este jueves se programó una reunión informal de gremios de la central obrera. Los dirigentes se verán durante un tramo de la visita a la Argentina de la ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz Pérez, y prevén una puesta al día sobre la crisis en las obras sociales. Sus protagonistas entienden que para entonces se podrá verificar si el Gobierno suavizó su propia resolución o bien asestó un segundo golpe sobre sus finanzas al derivarles una vez más a las prepagas los aportes en bruto de los que antes reservaban un porcentaje.
FUENTE EL DESTAPE
