El presidente chileno, Sebastián Piñera, ordenó cerrar el lujoso Penal Cordillera, en el que diez violadores de derechos humanos cumplían sus condenas, y dispuso el traslado al Penal Punta Peuco, otro centro de reclusión especial para militares.
El mandatario argumentó que su gobierno tomó la decisión “tomando en cuenta los principios de igualdad ante la ley, seguridad de los internos, y de normal y más eficiente funcionamiento de Gendarmería”.
Entre los recluidos están algunos de los mayores violadores de derechos humanos de Chile y América.
El Penal Cordillera, creado bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), fue siempre criticado por organismos de derechos humanos.
Los internos vivían en cabañas, con canchas de tenis, piscina y quincho, y disponían de radio, música, médicos, televisión, lectura, actividades deportivas y religiosas.
Entre los recluidos están algunos de los mayores violadores de derechos humanos de Chile y América, entre ellos el jefe de la policía secreta, el general (r) Manuel Contreras, condenado por atentados terroristas en Buenos Aires, Washington y Roma.
También están los oficiales y represores Miguel Krassnoff, Jorge del Río, José Zara, Pedro Espinoza, Odlanier Mena, César Manríquez, Hugo Salas, David Miranda y Marcelo Moren, quien es sindicado como torturador de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Bajo la dictadura militar, unas 38 mil personas fueron torturadas, ejecutadas o desaparecidas, según informes oficiales emitidos después del retorno a la democracia en 1990.
