Los 16 integrantes del Frente de Todos que conforman la mayoría en la comisión de Juicio Político formularon las imputaciones por mal desempeño y posible comisión de delitos y pidieron citar al juez de la Corte Suprema de Justicia Juan Carlos Maqueda para que haga un descargo preliminar sobre las irregularidades advertidas durante las audiencias testimoniales en relación a la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN).
A través de un informe preliminar dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, que leyó en voz alta la diputada nacional Vanesa Siley en la Sala 1 del anexo donde deliberaba la comisión presidida por Carolina Gaillard, los legisladores oficialistas pidieron que se convoque al ministro de la Corte «en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político».
En la presentación no se especificó una fecha puntual, por lo que queda pendiente esa definición para saber cuando Maqueda concurrirá a la comisión, en caso de que se presente de forma voluntaria. .
«Todo ello sin perjuicio de formular cargos remanentes en su oportunidad respecto a los demás Ministros de la CSJN, conforme el devenir procesal y la probanza a reunirse o colegirse», aclararon en el escrito presentado con firma digital en la quinta y última audiencia relacionado al causal de juicio político en cuestión.
Para el Frente de Todos, los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social (entre abril de 2008 y octubre de 2021) ya se encuentran debida y ampliamente fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando y consolidando a lo largo de las audiencias.
De los cuatro jueces del máximo tribunal, Maqueda era quien había más comprometido por haber sido el supervisor de la OSPJN durante 13 años.
El testimonio clave fue el del ex administrador general de la Corte Héctor Marchi, quien señaló que durante la gestión del ex director de la obra social Aldo Tonón (puesto allí por Maqueda) no había control de stock de medicamentos, escaseaban balances contables, el sistema informático era obsoleto y vulnerable, habían demoras y rechazos injustificados de autorizaciones de tratamientos.
Además habían vacancias de cargos clave, se suspendían prestadores médicos por falta de pago o falta de actualización de aranceles, la compra de medicamentos y prótesis se hacía por contratación directa y no por licitación, y se registraron pérdidas millonarias por no usar el dinero remanente en plazos fijos.
El pedido de citación de Maqueda no fue bien recibido por la oposición, que primero señaló que «no correspondía» porque había prueba que aún no había podido ser compulsada.
«Siley decidió que está en condiciones de alegar, pero no corresponde. No es la forma de trabajar, porque hay prueba que se acaba de producir, hay prueba que se está produciendo, hay prueba que uno compulsa tiempo después que se recibe», señaló el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica).
«Para alegar en cualquier juicio se necesita un tiempo prudente para con la prueba ya producida y evaluada podamos sacar conclusiones. Cuando uno cita a un ministro para hacer un descargo es porque el proceso ya está concluyendo. Es una irregularidad votar esto de esta manera», protestó.
Siley le aclaró a López que no se trataba de un «alegato» suyo ni de un «descargo» para Maqueda sino de una facultad prevista en el artículo 13 para darle al acusado la posibilidad voluntaria de intervenir en esta instancia, y explicó que el «derecho de defensa» recién lo ejercería en el Senado.
«No se cierra la etapa porque se cierra con el dictamen. Incluso se puede seguir produciendo prueba. Por favor, no traspolemos figuras del procedimiento penal que acá no corresponden y que no están emparejadas con el juicio político», reclamó la diputada kirchnerista.
Aclarada la cuestión reglamentaria, Juntos por el Cambio cambió de estrategia y cuestionó el «oportunismo» político de votar este recurso en momento de definiciones electorales, y también basó su crítica en una cuestión de formas por no haber avisado a los miembros opositores con antelación que se iba a proceder en este sentido. .
En este punto, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago recordó que falta tan sólo una semana para el cierre de alianzas y poco más de 15 días para la inscripción de listas de candidatos, por lo que acusó de querer aprovechar este tiempo para llevar a Maqueda a «un desgaste en época electoral».
Le salió al cruce el oficialista Leopoldo Moreau, quien aclaró que «si fuera por ese criterio, lo que tendríamos que hacer es paralizar esta comisión».
«Y nosotros no estamos dispuestos a paralizar la comisión porque francamente creemos que no solo hay razones suficientes para sustentar este juicio político sino que en este caso especifico de la obra social se han revelado hechos de una enorme gravedad, algunos de efectivamente probados y otros efectivamente no», contestó el radical K.
López volvió a intervenir para denunciar que desde el Frente de Todos «van a hacer de esto (el juicio político a la Corte) un búnker de campaña».
«No es casualidad de que se apuren con Maqueda. Debe haber alguno tipo de venganza después de lo que pasó con San Juan. No es normal», insinuó en relación al fallo que inhabilitó al gobernador de esa provincia, Sergio Uñac, de ir por la reelección.
También reparó en cuestiones de forma: «Tendrían que haber circulado el escrito que hoy van a votar porque alguien los podía acompañar o alguien puede querer contra argumentar o alguien puede querer delimitar de otra manera y citar a otro ministro».
«Tal vez yo hubiera querido citar a (Ricardo) Lorenzetti, pero no me van a dar la oportunidad. Por eso vamos a votar en contra», manifestó López.
En la votación, el Frente de Todos hizo valer su mayoría en la comisión y autorizó a la presidenta Gaillard a efectuar el traslado de las actuaciones para citarlo a Maqueda.
En el inicio de la próxima reunión del cuerpo, que será dedicada al análisis de otro causal de juicio político, habría novedades sobre la fecha propuesta para la citación al ministro de la Corte.
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