Es sabido que a la caída del régimen nazi en Alemania devino una fuga considerable de integrantes de las escuadras SS hacia Sudamérica. De acuerdo con diversos investigadores se creó la ODESSA, una red de colaboración secreta que proveía de fondos y logística para solventar la estadía de los prófugos de la Justicia germana en el exterior. Simón Wiesenthal ubicó a esta organización en el tiempo: 1946 habría sido su fecha de fundación. No obstante las precisiones, el debate sobre cómo funcionó esta central continúa hasta hoy. Lo que nadie rechaza es que tras dejar su país, muchos miembros de las fuerzas paraestatales nazis recibieron ayuda de diversas organizaciones para poder vivir clandestinamente del otro lado del Atlántico. Décadas después, una sospecha similar se ciñe sobre diferentes genocidas procesados por cometer crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado en la Argentina: se trata de aquellos que burlaron a la Justicia (alrededor de setenta) y viven en la ilegalidad por tiempo indeterminado gracias a una estructura económica que los sostiene.
Caso Vildoza
El 3 de julio de este año, la Justicia detuvo a Ana María Grimaldos, prófuga desde hace más de dos décadas junto a su marido, Jorge Vildoza, segundo jerarca de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Entonces comenzó una investigación judicial a cargo de la magistrada federal María Servini de Cubría para determinar la cobertura que les permitió vivir en la clandestinidad durante tantos años. Diez días después de la detención de Grimaldos, acusada de apropiarse junto a su esposo de Javier Gonzalo Penino Viñas, hijo de Cecilia Viñas y de Héctor Penino, secuestrados el 13 de julio de 1977, la jueza allanó las oficinas de American Data S.A., una empresa dedicada a brindar servicios de juegos de azar y apuestas, creada en la década del ’80. ¿La razón? Como la firma está presidida por Jorge Ernesto Vildoza, hijo de la pareja y agente del Servicio de Inteligencia Naval durante la dictadura, y Rodolfo Giromini, yerno de los prófugos y ex piloto del Ejército entre 1978 y 1983 –y que actualmente presta sus servicios en Aerolíneas Argentinas–, Servini de Cubría consideró que podía ubicar el paradero de Vildoza padre a partir de los documentos secuestrados.
Pero este no es el único expediente en el que se investiga a American Data: en otra causa se trabaja la hipótesis de que esta firma funcionó como mecanismo de lavado y blanqueo de dinero proveniente de bienes secuestrados a desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Dinero que bien podría haberse utilizado para financiar a otros genocidas prófugos, como declaró Carlos Viñas, tío del bebé apropiado por los Vildoza.
En este marco, el 31 de agosto pasado la Unidad de Información Financiera (UIF) decidió aplicarle a American Data, de forma novedosa, la controvertida ley contra el financiamiento del terrorismo y congeló los fondos de la empresa así como los bienes y las cuentas bancarias de sus socios. La decisión de la entidad presidida por José Sbatella se basó en la sospecha de que se habría utilizado la firma para “brindar asistencia financiera a los militares prófugos de la Justicia argentina”, según se lee en un comunicado de la Unidad. Por caso, desde American Data S.A. se pagaba el teléfono de Grimaldos.
American Data habría funcionado como mecanismo de lavado y blanqueo de dinero proveniente de bienes secuestrados a desaparecidos.
A esto se suma un dato que no pasó inadvertido para los investigadores: al momento del allanamiento, Vildoza hijo se comunicó con el ex marino Alfredo Astiz, detenido en el Servicio Penitenciario Federal, para comentarle que Servini le estaba allanando la empresa: “¿Les mando saludos de tu parte?”, le preguntó al ex miembro de la Armada según las escuchas telefónicas ordenadas por la jueza. No fue el primer diálogo entre ambos, por lo que se investiga si existe una organización integrada por ex miembros de la fuerza que provea de dinero, pasajes y pasaportes falsos a sus ex camaradas en el exterior.
“En tanto responsable de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, las investigaciones desarrolladas por la UIF buscan determinar el círculo de financiamiento con el que habrían contado las personas aún prófugas, así como también las capturadas, para evadir la Justicia”, agregó la UIF en el documento. El fiscal Patricio Evers aceptó la sanción aplicada por la unidad antilavado y ahora resta la ratificación del juez a cargo del caso. De prosperar, se trataría de un hecho inédito en las causas de lesa humanidad que podría multiplicarse entre las casi tres decenas de represores prófugos que está investigando la UIF. Acaso un ejemplo sirva como botón de muestra para graficar la impunidad que sienten quienes evaden los llamados de la Justicia para aclarar cuentas con el pasado: uno de los casi setenta represores prófugos cambió dólares con su documento de identidad y dejó en evidencia que se encontraba en el país.
