En estos días la organización WikiLeaks publicó en la web casi dos millones de documentos del gobierno de Estados Unidos correspondientes al período 1973-1976, en que Henry Kissinger fue secretario de Estado, e incluyen mensajes diplomáticos, reportes de inteligencia y correspondencia a legisladores. Se lo conoce como Archivo Kissinger y no tiene desperdicio sobre la relación del ganador del Premio Nobel de la Paz de 1973 con las dictaduras genocidas del Cono sur de Latinoamérica, con gobiernos represivos del México de entonces y la cercanía tan íntima del Juan Carlos de Borbón con la “Embajada” cuando aún vivía el dictador Francisco Franco. No se trata de filtraciones sino de material desclasificado del gobierno de Estados Unidos que el creador WikiLeaks, Julian Assange, estuvo compilando para facilitar la búsqueda desde el edificio de la embajada de Ecuador en Londres, donde se aloja a la espera del salvoconducto que le permita viajar al país sudamericano en calidad de asilado.
Al mismo tiempo, trascendieron cables del año 2006 de la representación estadounidense en Caracas, esta vez sí material escamoteado al secreto diplomático, donde se muestra al desnudo un plan de cinco puntos que promovía el entonces embajador William Brownfield para desestabilizar al presidente Hugo Chávez. La oficina responsable de poner en práctica el plan era la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), una vieja conocida de los gobiernos de la región. Los ítems marcados por Brownfield señalaban la necesidad de “1) Fortalecer las instituciones democráticas; 2) Penetrar en la base política de [Hugo] Chávez; 3) Dividir el chavismo; 4) Proteger los negocios vitales de EE.UU. y 5) Aislar a Chávez internacionalmente”.
Chávez llegó al poder en 1999 luego de haber ganado en elecciones democráticas a los partidos del sistema instaurado tras el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez en 1958. El 12 de abril de 2002, el mandatario padecería un golpe de Estado que no fructificó por la respuesta de sectores de las fuerzas armadas que permanecieron leales a la Constitución pero básicamente por la población, que salió a copar las calles en defensa del proyecto chavista. El 14 de abril Chávez volvió victorioso y sus enemigos de entonces, como el líder de la cámara empresaria que juró como presidente de facto, huyeron del país y encontraron refugio en el exterior.
Para 2006 era evidente que a Chávez no podrían derrotarlo en las urnas, de allí el plan urdido por Brownfield y USAID, la agencia creada en 1961 por John Kennedy para contrarrestar la influencia de la revolución cubana en el resto del continente. La USAID ya había colocado más de 20 millones de dólares en “ayuda humanitaria” para financiar acciones destinadas a minar el proceso bolivariano desde el interior.
Es interesante leer la presentación que hace de sí misma la USAID en Venezuela. Luego de afirmar que es una “agencia federal independiente responsable de planificar y administrar la asistencia económica y humanitaria (…) en todo el mundo”, añade que “los Estados Unidos se caracterizan por tender una mano amiga a todos aquellos que, encontrándose más allá de sus fronteras, se esfuerzan por lograr un mejor nivel de vida, recuperarse de un desastre o procuran vivir en un país libre y democrático. (…) La ayuda exterior de los Estados Unidos ha tenido siempre el doble propósito de apoyar los intereses de la política exterior americana, expandiendo la democracia y el libre mercado y, al mismo tiempo, mejorar la vida de los ciudadanos de los países en desarrollo”.
De lo que entiende por democracia la USAID son testigos varios gobiernos latinoamericanos, como la Venezuela de ese 2002, o el Ecuador del golpe de 2010 contra Rafael Correa, o la Bolivia de Evo Morales tras la intentona separatista de Santa Cruz de la Sierra.
En junio pasado los cancilleres del ALBA recomendaron la expulsión de USAID de sus países (Venezuela, Ecuador, Bolivia, Cuba, Nicaragua y República Dominicana) “por considerar que su presencia y actuación constituyen un factor de perturbación que atenta contra la soberanía y la estabilidad política de nuestras naciones”. En octubre pasado el gobierno de Vladimir Putin echó a la USAID de Rusia, alegando las mismas razones que los sudamericanos.
El responsable de la agencia para América Latina y el Caribe es en la actualidad Mark Feierstein, quien según el currículum que recoge José Steinsleger en el diario mexicano La Jornada es un “experto en guerra de cuarta generación (desinformación), dueño de Greenbarg Quinlan Rosler (firma que ofrece orientación estratégica sobre campañas electorales, debates, programación, investigación), jefe de proyectos para derrocar a los sandinistas en el decenio de 1990, articulista de The New York Times, asesor especial del embajador de William Clinton en la OEA y del prófugo de la justicia Gonzalo Sánchez de Losada, ex presidente de Bolivia”.
A Feierstein se le endilga responsabilidad en el golpe que derrocó a Manuel Zelaya en Honduras en junio de 2009 y el que sacó del poder a Fernando Lugo en 2012 en Paraguay.
“Corren rumores de que el líder de la UNACE, el general Lino Oviedo, junto al ex presidente Nicanor Duarte Frutos, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento”, decía un cable secreto enviado desde la “Embajada” en Asunción en marzo de marzo de 2009 y filtrado por WIkiLeaks, donde se adelantaba, ya entonces, que el reemplazante del ex obispo de San Pedro sería su vicepresidente, Federico Franco. Allí también estaba la mano de USAID. Pero donde con más brutalidad se percibe cómo es esa “mano amiga” es en un procedimiento realizado en tiempos de Alberto Fujimori en Perú que fue reflotado durante la campaña en que participaba su hija, Keiko, contra el que resultó ganador, Ollanta Humala.
En los 90, USAID y un organismo de Naciones Unidas dedicado oficialmente a la salud reproductiva, UNFAPA, con el apoyo total del gobierno Fujimori, realizaron un escandaloso y siniestro plan para la esterilización forzada de cientos de miles habitantes de las zonas más pobres del Perú. Según el Ministerio de salud peruano, fueron esterilizados contra su voluntad 331.600 mujeres y 25.590 hombres. Un informe elaborado por la Sub-Comisión Investigadora de Personas e Instituciones Involucradas en las Acciones de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), presentado en 2008 por el congresista Héctor Chávez Chuchón, un médico de Ayacucho indignado por las operaciones ilegales, señala que “hay un elemento que es fundamental para entender estas políticas (…) es un informe del año 1974, del señor Kissinger, que en ese momento era Secretario de Estado, (…) de unas 100 páginas más o menos, donde hace una síntesis de la situación geopolítica norteamericana, (y dice que) Estados Unidos y los países de Europa Occidental en ese momento, tienen tasa de natalidad negativa. Los países pobres tienen altas tasa de natalidad, en su momento eran 5 hijos ¿Esto qué significa? Que en el mediano plazo la población se va a duplicar o triplicar. Esta variable demográfica tiene o tendrá una repercusión económica indudable”. En noviembre pasado la fiscalía peruana ordenó abrir la causa por genocidio contra todos los involucrados.
El candidato oficialista Nicolás Maduro denunció operaciones para asesinar al candidato opositor, Henrique Capriles, en el marco de un plan para crear inestabilidad en ese momento crucial de la vida venezolana. Luego dijo que él mismo podría ser víctima de un atentado. No nombró a USAID sino a los ex embajadores Roger Noriega y Otto Reich con agentes de la derecha salvadoreña.
Este domingo los venezolanos se juegan parte de su futuro en la elección para reemplazar al fallecido Hugo Chávez. El domingo 21 los paraguayos van a las urnas para dejar atrás este ominoso período de un Ejecutivo surgido de un golpe institucional. No es casualidad que en Rosario y Argentina un foro ultraconservador haya juntado a la derecha hispanohablante para debatir la forma de derrotar a los populismos en la región. “Debemos presentarnos abiertamente como lo que somos: defensores de la libertad, de la democracia y del progreso real de las sociedades”, dijo el ex jefe de gobierno español, José María Aznar. Como presidente del Gobierno de España, el líder del PP fue uno de los dos únicos gobiernos en reconocer a los golpistas de abril del 2002, junto con George W. Bush.
“Es un espectáculo verdaderamente lamentable el de presidentes democráticos, que en sus países impulsan políticas democráticas, por la complicidad descarada con la que actúan en el plano internacional apoyando por ejemplo regímenes populistas, dictatoriales como el de Chávez y no se diga el de la dictadura cubana”, protestó el Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa.
Detrás de este tipo de encuentros también está la mano amiga de la USAID.
