Los trabajadores judiciales intensifican sus medidas de fuerza en todo el país ante la falta de recomposición salarial. Con paros, movilizaciones y cacerolazos, trabajadores de al menos seis provincias y la Justicia Nacional reclaman aumentos acordes a la inflación y denuncian la pérdida de más del 20% de su poder adquisitivo en 2024.
El conflicto salarial en el sector judicial continúa escalando, con protestas activas en al menos seis provincias, sumadas a la huelga en la Justicia Nacional. Representantes de sindicatos como SEJuN en Neuquén, SITRAJ en La Pampa y la AEFPJN a nivel nacional, demandan una urgente recomposición salarial debido a la pérdida del poder adquisitivo en el último tramo de 2024. Según Matías Fachal, secretario general de la Federación Judicial Argentina (FJA), “la lucha de los judiciales demuestra que los salarios no están ganando a la inflación, como afirma el gobierno”.
En Neuquén, donde el costo de vida es particularmente alto, los trabajadores judiciales anunciaron una movilización para el 4 de diciembre. “Un ingresante gana un millón de pesos, pero gasta $750.000 solo en alquiler”, destacó un representante del SEJuN. En Córdoba, por su parte, las asambleas realizadas el jueves darán paso este viernes a una concentración masiva bajo el lema «Si no la ven, que la escuchen”.
En tanto, en La Pampa, el SITRAJ realizó un paro total exigiendo “una recomposición real en diciembre y evitar el achatamiento de categorías”. En Formosa, la AJF organizó un cacerolazo y prepara un nuevo paro para el 20 de diciembre. La situación se replica en San Luis, donde los judiciales han unido fuerzas con otros estatales para exigir medidas urgentes y un bono extraordinario para paliar deudas por el retraso salarial.
El descontento también afecta a la Justicia Nacional, donde este viernes se lleva a cabo un paro de 24 horas impulsado por la AEFPJN. “Llevamos más de un 20% de pérdida en lo que va del año”, denunció Franco «Toro» Guanca. Fachal cerró afirmando que la FJA sigue de cerca cada protesta y exigió a la Corte Suprema y a los Tribunales Superiores que tomen medidas inmediatas.
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