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Es por la deuda que mantienen con el sector minorista. La entidad que reúne a esos comercios afirman que no pueden sostener la financiación de la seguridad social, y si no se paga la deuda acumulada a fin de meses se cortará el servicio. Algunas entidades de salud bajaron su recaudación un 70 por ciento, por lo que piden auxilio al Estado para evitar el colapso. Una interna gremial complica el reparto de recursos.
Diego Lanese.
A fines de abril, circuló en distintos medios un borrador con el reparto tentativo de fondos para las obras sociales sindicales, que por la pandemia vieron disminuidos muy fuertemente sus ingresos, lo que puso al sector en situación de crisis. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) destinaron unos 4.100 millones de pesos para las entidades, que atienden a millones de trabajadores en todo el país. Pero la medida no logró aliviar la realidad que se vive en la seguridad social, que comenzaron a retrasarse en sus pagos a los prestadores. La situación está llegando a un límite, adelantan fuentes del sector, que aseguran que si no hay una ayuda importante el sistema está cerca del colapso.
Esta semana, las farmacias de todo el país alertaron que no pueden seguir atendiendo a los afiliados si no se regularizan los pagos, y alertaron que si a fin de mayo no se logra una solución se cortarían los descuentos en la dispensa de medicamentos. La medida no sería aislada, y otros sectores analizan dar el mismo paso. En los sindicatos hay alarma por esta realidad, e insisten con la necesidad que el Estado gire los fondos necesarios.
La situación de las obras sociales sindicales genera alarma en loa dirigencia, y la ayuda estatal no logró desactivar la “bomba de tiempo”, que se potenció por una fuerte disputa gremial por el reparto de recursos. Lo cierto es que las entidades redujeron sus ingresos en hasta un 70 por ciento, y generaron una importante deuda con sus prestadores. Ante esto, se comenzaron a registrar problemas en la atención.
Esta semana, en la provincia de Buenos Aires algunas farmacias dejaron de realizar los descuentos en la seguridad social, y si bien no hay un corte formal se espera que antes de fin de mes, si no hay una solución a esta problemática, se tomarán medidas concretas. “El sector ya no puede financiar la seguridad social, ni las obras sociales ni las prepagas. Si todo sigue así, a fin de mes todas las entidades que abonen sus recetas con un mes de dilación se van a quedar sin atención”, le dijo a Gestión Sindical una fuente de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la entidad que nuclea a unas 12 mil farmacias profesionales y comunitarias de todo el país.
Por el momento, cada comercio “atiende hasta donde le da el crédito”, pero la caída de las ventas y los retrasos de los pagos hace que “sea imposible mantener la atención”. En este panorama, no sólo las obras sociales están en una situación conflictiva. También la medicina prepaga se retrasó en los pagos, y las entidades estatales, como el IOMA, que en estas horas tiene cortes en varios puntos de la provincia de Buenos Aires.
La crisis de la seguridad social afecta fuertemente a los farmacéuticos, que si bien se mantienen trabajando en la pandemia por ser “actividad esencial”, vieron reducidas sus ventas, lo que se profundizó con la deuda de las obras sociales. Las fuentes consultadas del sector confirmaron que en todo el país hay “al menos 150 entidades que no vienen llevando a cabo los reintegros”, y no pagan sus recetas incluso antes de la pandemia.
Un caso extremo es el plan Incluir Salud, que atiende las necesidades de medicamentos de personas que reciben pensiones no contributivas por parte del Estado nacional, y tienen cobertura de medicamentos por parte de las provincias.
Según la COFA, este programa les debe a los mostradores independientes unos 300 millones de pesos en medicamentos dispensados desde el año pasado, y por el cual en muchos sectores del país ya se cortó la atención.
Al inicio de la pandemia, los gremios alertaron que la crisis iba a impactar de lleno en la seguridad social, por lo cual pidieron ayuda al gobierno para sostener la atención. En este sentido, las negociaciones realizadas ante el ministro de Salud llevaron algo de tranquilidad, ya que el pedido de que en estos meses se financie al sector tuvo una buena aceptación.
Pero luego la llegada de fondos fue bastante despareja, y salvo el gremio Camioneros de Hugo Moyano los recursos entregados no estuvieron a la altura de las expectativas. Esto generó un enojo entre los dirigentes enrolados en los “gordos”, que son parte de la conducción de la CGT, y que además tienen las obras sociales más grandes, porque pertenecen a los grandes gremios de servicios. El malestar quedó plasmado en la última reunión que mantuvieron con Ginés González García y el titular de la SSS, Eugenio Zanarini.
Finalmente, mediante resolución 420/2020, la Superintendencia de Servicios de Salud definió el sistema para el reparto de los fondos a las obras sociales, bajo una fórmula que igual fue cuestionada. La superintendencia estipuló en su disposición, a la que tuvo acceso Gestión Sindical, que el dinero sería otorgado de la siguiente manera: quienes tienen cápitas inferiores al 60 por ciento si se toma el promedio total del sistema que son los Agentes del Seguro de Salud, son los que menos aportes van a recibir; le siguen luego también los Agentes del Seguro de Salud pero que tienen 60,01 por ciento y el 99,99 por ciento de cápitas; posteriormente está el grupo tercero, en donde se encuentran aquellos que tienen 100 y el 105 por ciento del sistema, en promedio claro; el cuarto grupo va a ser los que tienen porcentajes que van desde 105,01 por ciento hasta el 130 por ciento por cápita total del sistema; y en último lugar se van a encontrar los que sus cápitas de ingresos están directamente por encima del 130 por ciento del promedio general.
