Los metrodelegados denuncian la falta de respuesta de la empresa concesionaria Emova ante la crisis sanitaria en la red de subtes por la presencia de asbesto, mientras la empresa asegura trabajar en un plan integral desde 2018.
Los trabajadores del subte, representados por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), liberaron esta semana los molinetes en la estación Federico Lacroze de la Línea B como medida de fuerza en reclamo por una “crisis sanitaria”. La protesta, según indicaron, responde al incumplimiento de compromisos asumidos por la concesionaria Emova, relacionados con la presencia de asbesto, condiciones laborales y mantenimiento de la red.
Los metrodelegados señalaron que la Línea B enfrenta una «crisis terminal» debido a la presencia de asbesto, una sustancia cancerígena prohibida que estaría presente en vagones, tableros electrónicos, ductos de ventilación y centros de potencia. Desde 2018, cuatro trabajadores fallecieron y 107 fueron diagnosticados con enfermedades relacionadas con la exposición a esta sustancia, según el gremio.
A estos problemas se suman denuncias por infestación de sarna, falta de limpieza y fumigación de trenes y espacios públicos. “La concesionaria incumple las leyes y fallos vigentes sobre el asbesto y además se niega a respetar acuerdos previos sobre condiciones laborales», indicaron en un comunicado.
Por su parte, Emova aseguró que el servicio del Subte y Premetro funciona con normalidad y destacó que lleva adelante un plan integral de desasbestizado desde 2018. Según la empresa, dicho plan se organiza con una mesa interdisciplinaria y cuenta con la participación de entidades gremiales y la supervisión de la Dirección de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Afirmaron que más de 3.000 mediciones realizadas arrojaron resultados adecuados para la salud, según estándares técnicos y científicos.
Sin embargo, los trabajadores exigen una declaración de emergencia estructural para la Línea B, debido a lo que califican como abandono de la infraestructura, falta de inversión y obsolescencia de la flota. «Esta situación pone en riesgo a millones de usuarios y miles de trabajadores diariamente», advirtieron.
Aún no se sabe hasta cuándo se extenderá la medida de fuerza, pero los reclamos de los metrodelegados reflejan un conflicto persistente que, según ellos, impacta tanto en los trabajadores como en los usuarios del servicio.
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