Mientras La Libertad Avanza dilata el tratamiento de la Ley Ómnibus para la semana que viene, la oposición tomó la delantera y aprovechó para marcarle la cancha al oficialismo con una nueva fórmula jubilatoria. Reunidos en la comisión de Previsión Social, Unión por la Patria, la izquierda y la UCR y Hacemos Coalición Federal presentaron tres dictámenes distintos pero que apuestan, todos, a confeccionar una nueva ley que mejore la fórmula que había modificado Javier Milei a través de un DNU. El paso siguiente será forzar a José Luis Espert para que convoque a la comisión de Presupuesto para tratar el tema. El verdadero desafío, sin embargo, será terminar de arribar a un gran acuerdo opositor que permita blindar la iniciativa de un veto presidencial. 

En Unión por la Patria intentaban mostrar entusiasmo: “Lo importante es que estamos cerca de llegar a un acuerdo, y que hoy demostramos que hay una vocación clara de avanzar con el tema”, insistía un diputado peronista. A su lado, un dirigente radical lo miraba, sonreía y lo cargaba: “Su propuesta tiene un nivel de generosidad que nunca vi cuando eran gobierno”. El clima era de satisfacción: si bien no se había logrado llegar a un acuerdo entre los tres sectores que impulsaron la avanzada contra la nueva fórmula jubilatoria de Milei -UxP, el radicalismo y la Coalición Cívica, y el FIT-, muchos confian en que terminarán llegando a un dictamen común cuando el tema llegue a la comisión de Presupuesto. No será fácil: Espert se rehúsa a tratar el tema, por lo que la oposición tendrá primero que emplazar la comisión en una sesión para poder terminar de dictaminar la iniciativa y llevarla, después, al recinto.

Previo a llegar a ese paso, sin embargo, el peronismo tendrá que negociar con el radicalismo y HCF una serie de modificaciones que permitan llegar al recinto con dos tercios de los votos de modo de poder resistir a un hipotético veto presidencial. Los tres dictámenes presentados coinciden en ajustar las jubilaciones por IPC -tal como sostiene el DNU presidencial- y en el hecho de que la compensación ofrecida por el Gobierno nacional por la inflación de los últimos meses -un 12,5 por ciento- no es suficiente. A partir de ahí las propuestas se bifurcan y el desafío de la oposición será intentar reencaminarlas en el medio del debate de la Ley Ómnibus y el paquete fiscal.

De Loredo (UCR). Foto: Guadulpe Lombardo.

Los cuatro dictámenes

En total, la comisión presidida por Gabriela Brouwer de Koning (UCR) emitió cuatro dictámenes: uno de UxP con 13 firmas; otro de la UCR con el bloque presidido de Miguel Ángel Pichetto y siete firmas; el del FIT con la firma de Nicolás del Caño; y, por último, uno de cuatro diputados de LLA, que intentaron ensayar una defensa del DNU 274/2024. El PRO, mientras tanto, no acompañó ninguna de las propuestas.

El proyecto de la UCR y HCF propone un piso mínimo de las jubilaciones equivalente a una canasta básica total (que hoy ronda por los 220.000 pesos), así como una actualización mensual con base en el IPC. La de UxP, en cambio, sostiene un piso mínimo equivalente al actual pero sumándole el bono de 70.000 pesos – que dejaría la jubilación mínima en unos 241.000 pesos – y, en el caso de la fórmula jubilatoria, plantea sostener la actualización mensual por inflación pero con un agregado: conservar la actualización trimestral por la fórmula atada a la recaudación de la ANSES y el RIPTE y, si se analiza que dicha fórmula ofrece un aumento mayor, se sumará la diferencia. “La idea es no ponerle un techo al haber jubilatorio, no condenar a los jubilados al nivel que definamos para siempre, sino que puedan ir mejorando su poder adquisitivo en la medida que la economía recupera capacidad de crecer“, explicó Itai Hagman (UxP).

Otro punto en el que difieren ambas propuestas es en el “empalme”, es decir en la compensación que se ofrece teniendo en cuenta la inflación de los últimos meses. El bloque presidido por Rodrigo de Loredo considera que tiene que ser de un 20,6 por ciento, de modo de cubrir la inflación de enero (de la cual el Gobierno nacional solo decidió cubrir un 12,5). La bancada presidida por Germán Martínez, mientras tanto, sostiene que tiene que ser de un 30 por ciento, de modo de tener en cuenta también la inflación de diciembre. “Lo podrían haber hecho cuando eran gobierno”, chicaneaban en el radicalismo.

Germán Martínez. Foto: Guadalupe Lombardo.

Finalmente, el último punto en discordia es el referido a las 13 cajas jubilatorias provinciales no transferidas por la ANSES, un tema que hoy constituye la principal fuente de reclamo entre los gobernadores y Nación en el marco de las negociaciones por la Ley Ómnibus. La UCR propone utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para cancelar los stock de deuda acumulada con estas cajas, así como pagar a los más de 80 mil jubilados que tienen sentencia firme en sus juicios por reajustes. UxP, mientras tanto, no quiere tocar los fondos del FGS – que considera que “no están para eso” – y propone, en cambio, que la ANSES retome los anticipos mensuales que le deben a las provincias para compensar su déficit (que habían sido suspendidas vía DNU por Milei).

La izquierda, por otro lado, presentó otro dictamen que incluye el 82 por ciento móvil del mejor salario en actividad, así como un piso mínimo equivalente a la canasta básica de un adulto mayor.

Si hay algo en lo que todos los bloques coincidieron es en prohibir el pago desdoblado, en cuotas, del haber jubilatorio. “Hoy tenemos un piso posible de acuerdo, hay que trabajar e ir al recinto”, destacó Germán Martínez. Un altisonante De Loredo, mientras tanto, optó por dedicar parte de su discurso contra el kirchnerismo pero, sobre el final, agregó: “¿Con quién pretendemos llegar a esto? Con quien sea”.