La CGT expresó su «enérgico repudio» al brutal asesinato de Susana Montoya en Córdoba, quien fuera viuda de un subcomisario desaparecido y madre de un militante de DDHH de Córdoba. La Justicia investiga los hechos y no descarta ninguna hipótesis aún, aunque en la escena del crimen había amenazas contra su hijo.
Susana Beatriz Montoya fue encontrada asesinada a golpes en la cabeza y con señales de ahorcamiento. El informe preliminar de autopsia señala que “han confluido traumatismo de cráneo y asfixia mecánica por estrangulamiento”. Llama la atención la violencia que descargó el atacante.
Montoya era viuda de Ricardo Fermín Albareda, un subcomisario de la Policía de Córdoba y militante del ERP en la clandestinidad que fue torturado y desaparecido en plena dictadura militar, en el año 1979. También fue madre de tres hijos, entre ellos Fernando Albareda, dirigente de la agrupación Hijos Córdoba, quien ya había recibido amenazas. Fue él quien la encontró sin vida tras no poder contactarse con ella. En el interior de la vivienda, había un cartel: “Los vamos a matar a todos”, según relató.
La CGT reclamó justicia a través de su secretaría de DDHH, y remarcó que la familia ya había sufrido intimidaciones que cree «se enmarcan en el contexto de impunidad y odio impulsado por el actual gobierno, que avanza con el negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado».
«Resulta imperioso que se investigue y se esclarezca este asesinato, se busque a los responsables de las amenazas sufridas por su familia y se tomen medidas de seguridad y protección necesarias para Fernando Albareda», expresaron desde la central en un comunicado firmado por Maia Volcowinsky y Julio Piumato.
«Como trabajadores y trabajadoras comprometidos con la verdad y la justicia, reiteramos: ¡Nunca más a la violencia y la impunidad!», cerraron.
