El juez federal Alejo Ramos Padilla quedó a cargo de la denuncia que realizó el gobernador bonaerense contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño y la mano derecha del presidente cortesano. El magistrado ordenó “una amplia certificación” para evaluar la existencia de otras causas con el mismo objeto procesal. La decisión compromete a Stornelli ya que puede exponer que el fiscal no actuó correctamente y se apuró en cerrar la denuncia por los mismos hechos que tramitaba en Comodoro Py para beneficiar al macrismo.
El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla habilitó la feria para tratar la denuncia que realizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, contra el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano Horacio Rosatti, por “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público”. El magistrado ordenó una medida de prueba que complica al fiscal procesado Carlos Stornelli porque es de esperar que exponga su maniobra en Comodoro Py para cerrar abruptamente una denuncia de similares características que incomodaba a Rosatti, el macrismo y sus aliados. Ramos Padilla conoce las artimañas de Stornelli: cuando era juez federal de Dolores fue quien lo procesó en el marco del D’Alessiogate, luego de llamarlo a indagatoria casi una decena de veces. El fiscal se refugiaba en sus fueros y esquivaba la citación una y otra vez.
Según la segunda filtración de chats adjudicados al funcionario porteño, D’Alessandro y Robles intercambiaban mensajes sobre dos casos que tenía la Corte e interesaban al macrismo: la coparticipación de CABA y la conformación del Consejo de la Magistratura tras la toma por asalto que hizo el Tribunal Supremo. Esta filtración provocó diversas denuncias penales. Dos de ellas, que parecieron hechas para ser descartadas, se cerraron en Comodoro Py a instancias del fiscal procesado por espionaje ilegal Carlos Stornelli, quien no le dio impulso penal a la acusación. Una de esas denuncias archivadas la presentó el abogado Gastón Marano, exasesor de un senador del PRO en la Comisión Bicameral de Inteligencia y defensor de Gabriel Carrizo, procesado y detenido por el intento de homicidio de CFK.
¿Qué solicitó Ramos Padilla este miércoles tras recibir la denuncia de Kicillof? “Una amplia certificación” para evaluar la existencia de otras causas con idéntico objeto procesal al denunciado por el gobernador bonaerense. En la misma línea, solicitó “un amplio relevamiento de la información periodística” que se dio sobre el tema. Esta medida puede arrojar como resultado una cronología que muestre que Stornelli y el juez Sebastián Ramos no actuaron correctamente y se apuraron en cerrar el caso cuando había otras causas en trámite de similares características y que se habían iniciado con anterioridad a la de Marano.
Es de esperar que la certificación que solicitó Ramos Padilla exponga que el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue el primero en denunciar a Robles y D’Alessandro, el 2 de enero. Es decir, que ya había una investigación en curso cuando el dúo Stornelli y Ramos tomaron la denuncia del abogado de Carrizo. Sin ir más lejos, la denuncia de Marano se hizo un día después de que Zamora tuitee sobre su acusación contra Robles. El expediente que se abrió por la denuncia del gobernador de Santiago del Estero estaba en manos del juez Guillermo Molinari, quien intimó a Robles a entregar su celular. No obstante, si bien el magistrado defendió la medida luego se declaró incompetente y envió el expediente a Comodoro Py.
La denuncia que hizo el gobernador de La Rioja Ricardo Quintela contra D’Alessandro y Robles también fue previa a que la denuncia de Marano fuera asignada al juzgado que subrogaba Ramos. Quintela tuiteó sobre su acusación el 5 de enero y la denuncia de Marano tuvo un cambio de asignación de juzgado el 6 de enero. Aquel día quedó adjudicada al juzgado federal Nº 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti pero que durante la feria subrogaba Ramos.
¿Qué implica todo esto? Por un lado, que Marano -que no era un damnificado- se apuró en hacer la presentación para llevar el caso de Robles y D’Alessandro a Comodoro Py cuando avanzaba en Santiago del Estero la acusación que había hecho Zamora. Por otro, que Stornelli y Ramos se apresuraron en cerrar la denuncia del abogado “copito” en pos de beneficiar al macrismo. El juez y fiscal con asiento en Comodoro Py tendrían que, por ejemplo, haber pedido la certificación de expedientes –como está haciendo Ramos Padilla- y luego la inhibición de los otros jueces que estaban interviniendo en casos similares si es que pretendían resolver siguiendo la ley.
Otro dato relevante en este escándalo: Storenlli y Ramos esgrimieron para archivar la denuncia que los mensajes de D’Alesandro con Robles fueron obtenidos por maniobras de espionaje ilegal algo que no fue constatado aún.
Lo que está claro es que en Comodoro Py se hizo todo a las apuradas y con un solo objetivo: blindar a la mano derecha de Rosatti, al macrismo y a sus aliados.
El gobernador bonaerense denunció este miércoles a D’Alessandro y Robles por “tráfico de influencias” y “violación de los deberes de funcionario público” a partir de la filtración de chats que le fueron adjudicados al funcionario porteño. Pidió que se les secuestre los celulares a ambos y que se allane el ministerio de Seguridad y Justicia porteño.
Kicillof se sumó así a Zamora y Quintela que también denunciaron a la mano derecha de Rosatti. ¿Por qué lo gobernadores están denunciando al ministro y al funcionario de la Corte? Porque de acuerdo a los presuntos chats que se filtraron, ambos coordinaron maniobras político-judiciales en el caso de la coparticipación que terminó beneficiando a CABA. En la filtración también se puede ver cómo el ministro de Rodríguez Larreta y Robles coordinan una estrategia para obstaculizar los movimientos del FdT en el Senado para lograr una banca más en el Consejo de la Magistratura.
De acuerdo a la presentación de Kicillof, “existiría una espuria connivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del Alto Tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”. “La connivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que las resoluciones judiciales y de manera particular los pronunciamientos del Ministro de la Corte Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales”, se añade en la acusación. No es azaroso que Kicillof sea uno de los gobernadores que firmó el pedido de juicio político de los ministros supremos.
fuente; el destape
