Martins presentó mails que probarían los valores que debía abonar la organización para obtener el permiso municipal y poder disimular la actividad real de los prostibulosidad
La denuncia de Lorena Martins sobre el entramado de complicidades policiales y políticas que permitieron a su padre, el ex agente de la SIDE Raúl Martins, sostener una organización internacional dedicada a la trata de personas y a la prostitución, también involucró a funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). En el escrito presentado ante la justicia, se los señaló como quienes durante los últimos años habrían asegurado protección a los prostíbulos, más allá de los pagos destinados a varias comisarías de la Policía Federal. Allí se acusó puntualmente a Raúl Oscar Ríos –mientras fue titular de la AGC– como el presunto recaudador, a través de quien se canalizaban los pagos para conseguir habilitaciones en locales sin medidas de seguridad, y así evadir controles e inspecciones municipales. Ayer, Ríos aseguró que no conoce a Martins y anunció que querellará a su hija.
El viernes fueron entregados a la justicia una serie de correos electrónicos destinados a confirmar el vínculo entre la red que llegó a regentear siete prostíbulos en el ámbito de la Capital Federal, y los pagos regulares realizados a agentes comunales con el objetivo de garantizar su funcionamiento. El mail habría sido enviado desde la casilla de José Alonso, inspector de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Alonso fue quien, según consta en la declaración, remplazó el rol de Ríos y comenzó a recibir dinero en efectivo por parte de la red comandada por Martins, una vez que el ex titular de la AGC debió abandonar el cargo tras el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.
