El Secretario de Organización de CONADU, Federico Montero, en diálogo con AM530, explicó el alcance del recorte sobre el presupuesto y el salario de docentes y no docentes, así como el objetivo político ideológico del ataque a las universidades públicas. También se refirió al proyecto de ley de financiamiento de las universidades que debe ser tratado en los próximos días en el Senado y la perspectiva de una nueva movilización. «No estamos dispuestos a dejarnos llevar puestos por el gobierno nacional», advirtió.
El secretario de Organización de la CONADU Federico Montero expresó: «El conflicto viene desde que arrancó el Gobierno de Milei, que aplicó una política sistemática de motosierra y licuadora. El resultado fue la licuación de los salarios de docentes y nodocentes de las universidades nacionales que son unos 200.000 trabajadores y trabajadoras en 56 universidades públicas de la Argentina hayan perdido más de 50 puntos frente a la inflación», a esto se suma el recorte en el presupuesto universitario general.
«Desde la recuperación de la democracia que más del 85% de los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza, otro tanto en el caso de los nodocentes», detalló.
En ese sentido, apuntó además que la situación está lejos de resolverse en el ámbito de la paritaria «porque no funciona como tal. No hay una discusión de las cuestiones sino que hay una comunicación unilateral y arbitraria de determinadas sumas que el Gobierno va asignando mes a mes, que todos los meses fueron por debajo de la inflación».
Para Montero, el reclamo de los trabajadores de la educación superior no es corporativo, porque al provenir de la universidad pública, es inherente el interés popular para el que producen conocimiento. Sin embargo, señaló que los salarios del sector cayeron más que el promedio de salarios del sector privado y público y que su pérdida es más comparables con la caída del sector informal.
El referente de CONADU consideró que esto tiene una razón, más allá de la económica, que no pesa tanto como las jubilaciones por caso, es «una razón político-ideológica por lo que representan las universidades en la Argentina. Así lo dijo el presidente en Davos, sobre los males que acarrea la justicia social y cree que en las universidades públicas este conocimiento anida y se propaga esta aberración que considera el presidente que es la justicia social».
La semana pasada tuvo media sanción un proyecto que fue votado por diputados de UxP y un sector del radicalismo que reestablece las capacidades presupuestarias de la universidad y también la cuestión salarial. Ahora tiene que ser tratado por el Senado. Este viernes se constituyo la Comisión de Educación en el Senado, quedó a cargo el diputado Eduardo «Wado» de Pedro. «Tenemos la expectativa de que esa ley pueda ser aprobada en el Senado la semana que viene. Más allá de que después pueda ser vetado, lo que va a terminar expresando es que hay una respuesta de la política frente a este reclamo, que es lo que no se vio durante el primer semestre».
«Si el presidente veta esta ley, iremos a una nueva marcha en el mes de septiembre donde esperamos que este reclamo se ponga en la calle pero también que a través de la universidad aportemos a un estado de movilización que tenemos que retomar en términos más generales, para demostrar que no estamos dispuestos a dejarnos llevar puestos por este Gobierno», concluyó
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