“En nuestra zona se genera una zona liberada”, denuncia desde el hospital de Formosa Félix Díaz, líder de la comunidad qom La Primavera, mientras espera que hoy le den de alta a su hijo Abelardo, de 21 años, internado por la feroz golpiza que sufrió el viernes por la noche y que incluyó “traumatismo de cráneo”. Horas después de ese hecho, también terminó internado por otro ataque similar Carlos Sosa, un amigo de Abelardo.
Félix Díaz, líder de la comunidad qom “La Primavera”.
Distintos testigos relataron que, sin mediar palabra, “una patota” se les abalanzó “a golpes de puño, patadas, palos y cascotes”. Ambos fueron tratados en el hospital de Laguna Blanca, el más cercano a la comunidad, a siete kilómetros, y al día siguiente la ambulancia los trasladó al hospital de la capital provincial, donde hay mejor equipamiento. Los médicos le recomendaron a Abelardo “tres meses de reposo”.
Desde el gobierno de Formosa intentaron despegarse del hecho al asegurar que “se trató de una gresca entre jóvenes aborígenes que, luego de estar bebiendo, se trenzaron a golpes”. Diputados nacionales de la UCR y el FAP repudiaron el hecho y responsabilizaron al gobierno de Gildo Insfrán.
En los últimos tres años se registraron al menos 12 muertes violentas en pueblos originarios de todo el país. En diálogo con Tiempo Argentino, con la tranquilidad que lo caracteriza, Díaz recuerda que “ya han muerto tres chicos de la comunidad: la carátula del primero, el año pasado, fue ‘suicidio’; en enero, murió Juan Daniel; y por último, Lázaro Cantón, cuyo caso se cerró sin investigación. No hay una iniciativa de la justicia de hacer una investigación profunda para detener a los culpables, porque las víctimas son indígenas”. Y analiza: “Nos tratan como si no fuéramos argentinos. Me pegué un susto grande con lo que le pasó a mi hijo y sé que tiene que ver con que estoy dando la cara a favor de la causa indígena.”
–¿Por qué habla de zona liberada?
–Porque hay un protocolo firmado que nunca funcionó. Cuando hay un problema, la policía no puede ingresar al territorio porque dicen que está en manos de Gendarmería, y Gendarmería dice que es jurisdicción provincial. Entonces se genera una zona liberada. Eso causa violencia y muerte de los habitantes de la comunidad qom. Si le dan de alta a mi hijo, iré a mi casa, pero seguiré con el reclamo de seguridad.
–¿Su hijo le contó lo ocurrido?
–No puedo presionarlo porque quiero que se recupere bien. El médico me dijo que si hace esfuerzos puede sufrir epilepsia. La idea es reunir a los padres de todos los chicos y preguntarnos qué podemos hacer.
–¿Usted a quién responsabiliza?
–Es una provocación para que yo deje de reclamar la devolución de nuestro territorio. Desde que Hugo Arrúa, administrador del Instituto de Pensiones provincial, y su esposa intervienen en la comunidad, no dejan de generar conflictos internos. El mismo gobernador Gildo Insfrán inventó una historia para justificar que la tierra estuviera en manos del que la trabaja y no en manos de los indígenas. Esa es nuestra preocupación: la devolución de 1300 hectáreas de tierra que fueron usurpadas por el gobierno provincial en 2007.
Mesa para el conflicto agrario
La Subsecretaría de Agricultura Familiar convocó a una “Mesa de Diálogo por la paz social en el conflicto agrario” para debatir soluciones al clima de violencia que rodea a la expansión de la frontera agropecuaria, los desalojos y la implementación de la Ley de bosques. A la reunión fueron invitadas la Comisión Episcopal de Pastoral Social encabezada por su Presidente, Jorge Lozano, las organizaciones de la agricultura familiar y las cámaras empresarias, entre ellas la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina y la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.
En representación del Estado asistirá el responsable del área, Emilio Pérsico. “El conflicto existe y se ha cobrado vidas. Conscientes de que la violencia sólo puede agravar la situación y perjudicar a los más débiles, proponemos alcanzar soluciones consensuadas como única garantía de la paz social”, expresa la convocatoria.
