Dos fiscales de instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron prisiones preventivas contra 35 imputados por robos y saqueos que se produjeron en el mes de diciembre del año pasado mientras las fuerzas de seguridad estaban acuarteladas. En paralela, en Tucumán, una fiscal, el padre de Paulina Lebbos –la joven asesinada en 2006– y el secretario de Seguridad provincial denunciaron que fueron amenazados con un mensaje que se repitió en todos los casos: “Dejen de joder a la Policía.”
El fiscal Raúl Garzón del distrito III de la capital mediterránea dispuso la prisión preventiva contra diez imputados por los hechos vandálicos, mientras que su par, José Mana, del distrito I, hizo lo propio contra otras 25 personas. En Córdoba son los fiscales quienes dictan el auto de prisión preventiva y sólo frente a la oposición de la defensa interviene un juez para evaluar la pertinencia de la decisión. La lista de detenidos podría engrosarse ya que las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez deberán resolver la situación de 75 y 30 personas más.
En su dictamen, Mana explicó que los imputados “se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial”. El fiscal consideró “particularmente grave” lo sucedido porque afectó “la tranquilidad social y la sensación de sosiego de las personas, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los actos de vandalismos indiscriminados en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia”.
La lista de detenidos podría engrosarse ya que las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez deberán resolver la situación de 75 y 30 personas más.
Garzón tuvo en cuenta, al momento de dictar las prisiones preventivas, que “muchos (de los acusados) no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente”.
En Tucumán, dos funcionarios y el padre de una joven que fue asesinada en 2006 denunciaron que fueron amenazados. La fiscal Adriana Gianonni investiga la presunta sedición de policías durante el autoacuartelamiento sucedido en diciembre de 2013, mientras que el secretario de Seguridad, Paul Hofer, es uno de los impulsores de las pesquisas contra los integrantes de las fuerzas de seguridad. Alberto Lebbos, padre de Paulina, lleva adelante denuncias contra la policía por encubrimiento en la investigación del crimen de su hija.
Scioli ratificó aumentos
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que “no va a haber vuelta atrás” con los aumentos salariales que fueron otorgados a la Policía de la provincia en diciembre del año pasado. En Misiones, Entre Ríos y Chaco las fuerzas de seguridad se habían declarado ayer en estado de alerta luego de la decisión de los Ejecutivos provinciales de desconocer los incrementos concedidos en medio de los saqueos. En Entre Ríos, los policías se concentraron para reclamar en una plaza de la ciudad de Concordia y dijeron que hoy por la noche repetirían la medida.
Ayer, Scioli elogió los resultados del Operativo Sol que se lleva a cabo en la Costa Atlántica y destacó que la “tarea, el despliegue de efectivos y tecnología no afectó los servicios en el Conurbano ni en el resto de la provincia”. El mandatario bonaerense graficó que en los centros de veraneo “se ven ni más ni menos que policías en acción, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Seguridad que encabeza Alejandro Granados”.
